El Gobierno ha extendido la ampliación de términos y plazos para aquellos procesos administrativos afectados durante la interrupción generalizada del suministro eléctrico que sucedió el pasado 28 de abril en España. Así lo aprobó este martes el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y del Ministerio del Interior. En concreto, el acuerdo autoriza a las administraciones públicas a extender el plazo afectado hasta el límite máximo de las 00.00 horas del 6 de mayo de 2025.
Según cuenta el departamento dirigido por Óscar López, la medida es de aplicación en todo el sector público, es decir, en la Administración General del Estado, en las administraciones autonómicas, en las entidades locales y en el sector público institucional.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de las personas interesadas, así como evitar la caducidad indebida de procedimientos administrativos por la crisis energética sufrida el pasado lunes en todo el territorio peninsular.
Algunos ejemplos
De esta forma, dicen desde el ministerio, “se asegura que ningún ciudadano quede excluido de procesos selectivos y oposiciones por la expiración de plazos administrativos o que ningún particular ni empresa pierda la oportunidad de presentar una oferta en un procedimiento de contratación pública o en una convocatoria de subvenciones. Asimismo, permite que nadie se vea impedido de interponer un recurso administrativo o de formular alegaciones en procedimientos sancionadores, entre otras casuísticas”.
La Ley 39/2015 del Procedimiento administrativo contempla en su artículo 32 los supuestos en los que una posible incidencia técnica pudiera afectar al cómputo ordinario de los mismos. En este sentido, estima que cuando este incidente haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación, y hasta que se solucione el problema, “la administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos”.
Esta decisión se enmarca en el conjunto de medidas que el Gobierno está adoptando en las últimas horas ante la situación provocada por la crisis energética. De esta manera, el Ejecutivo trata de “corregir aquellos efectos que esta incidencia pudiera provocar en cada ámbito sectorial”, incluyendo el funcionamiento de las administraciones públicas por medios electrónicos.
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