El día después del gran apagón que dejó sin electricidad a millones de personas en la península ibérica, la principal incógnita se posa sobre el motivo. El presidente del Gobierno avisó de que exigirá responsabilidades a los “operadores privados” más allá de Red Eléctrica –con un 20% de participación pública– para conocer con mayor detalle qué pasó en esos cinco segundos que precipitaron una caída del sistema sin precedentes.
Horas después, Pedro Sánchez les pidió su “colaboración con el Gobierno y los organismos independientes para identificar las causas del incidente”. Lo hizo tras una reunión en Moncloa con la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y con representantes de las principales compañías Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy. “Debemos acometer las mejoras necesarias para garantizar el suministro y la competitividad futura de nuestro sistema”, añadió en un mensaje en X al término del encuentro mantenido en la tarde de este martes en Moncloa.
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Desde el Gobierno subrayan la necesidad de “contrastar” los datos pedidos a estos operadores. ”Se ha preguntado a fondo y no lo saben. Queremos contrastarlo todo y no decir nada en falso (…) hay mucha interconexión entre red eléctrica y los operadores, y entre ellos hay que mirar”, ahondan estas voces.
Una vez restablecido el suministro, el presidente del Gobierno anunció en su tercera comparecencia en menos de un día la creación de una Comisión de investigación liderada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que contará con aportaciones de varios organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Además, el Consejo de Seguridad Nacional acordó solicitar a la Comisión Europea un informe independiente desde Bruselas. Al mismo tiempo, en materia de ciberseguridad, el jefe del Ejecutivo explicó que el INCIBE y el Centro Criptológico Nacional están examinando ya los registros informáticos de Red Eléctrica y los operadores privados “para no descartar ninguna hipótesis”.
Ante las reiteradas preguntas de los periodistas sobre las posibles causas, Sánchez insistió en que “la prisa no debe llevarnos a la desinformación ni al error”, ya que el sistema eléctrico es algo de enorme complejidad y los datos que se tienen que analizar son ingentes y, a menudo, están descentralizados.
“Se necesita tiempo. La población conocerá todos los avances a tiempo real, a medida que se vayan produciendo, y también los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas contarán con la información debida”, advirtió Sánchez frente a las críticas del PP, que reclama información más precisa sobre el incidente eléctrico.
La hipótesis del ciberataque pierde fuerza
Cabe destacar que la mayoría de expertos apelan a la prudencia para determinar las causas del apagón, en la línea de lo señalado por el Gobierno. “Hace falta unos meses para tener los datos de lo que ha pasado”, resume a Infobae España el ingeniero industrial, Jorge Morales de Labra.
Este experto en electricidad subraya la variedad de actores a tener en cuenta (“más de 500″ operadores) ante el mayor apagón eléctrico en la historia de la UE por el número de afectados, que dejó sin luz a más de 60 millones de personas. “A veces, no es fácil determinar” las causas, añade a este medio. Y es que, a tenor de los precedentes existentes, estas situaciones derivan en un cruce de acusaciones entre Red eléctrica, la empresa que opera y gestiona la red de transporte de energía, y las empresas de distribución.

En el caso del apagón de Barcelona de 2007, que duró 56 horas, la Generalitat multó a Red Eléctrica y Fecsa-Endesa, con once y diez millones de euros respectivamente. La administración catalana señaló a ambas como responsables de haber cometido infracciones administrativas “muy graves” tras la caída de un cable en la estación eléctrica de Collblanc, que derivó en un incendio en Maragall.
Un episodio similar ocurrió con el apagón que dejó un millón de personas sin luz en la isla de Tenerife en 2019. Red Eléctrica y Endesa cruzaron las responsabilidades acerca del fallo y gestión del cero energético, que se saldó con una multa del Gobierno canario superior a los 11 y 13 millones de euros a ambas empresas, respectivamente.
Por otro lado, aunque el Gobierno no descarta ninguna hipótesis, la teoría del ciberataque pierde fuerza. La propia Red Eléctrica descartó que, con los análisis realizados hasta el momento, se encuentre “un incidente de ciberseguridad” en las instalaciones del operador del sistema tras el apagón. Por su parte, y desde la “máxima prudencia”, Jorge Morales de Labra coincide en alejar esta hipótesis, subrayando que lo ocurrido este lunes “se debió a un fallo múltiple”.
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