El Parque Nacional de Doñana es un enclave único en toda Europa, un mosaico de ecosistemas donde convive todo tipo de biodiversidad, fauna y flora. Es un lugar de paso, cría e invernada para miles de aves europeas y africanas y en él viven especies únicas, y en serio peligro de extinción, como el águila imperial ibérica y el lince ibérico.
Sin embargo, durante años se ha enfrentado a un peligroso enemigo: los pozos ilegales de agua. Con el único objetivo económico, son muchos los agricultores que se dedican a esta práctica para abastecer de agua a cultivos intensivos, especialmente de frutos rojos como fresas, arándanos y frambuesas, que requieren de grandes cantidades de agua.
Una práctica ilegal, que, sin embargo, genera importantes beneficios para los infractores. Alrededor de 1.180 hectáreas de cultivos ilegales en Huelva utilizan aproximadamente 6 millones de metros cúbicos de agua al año, lo que afecta gravemente al ecosistema de Doñana. Por ello, son muchas las organizaciones, como WWF, que luchan contra esta práctica y conseguir evitar la desaparición del Parque Nacional.
Delitos penales
La Fiscalía también lleva años intentando acabar con este delito, llevando a juicio a muchos de estos empresarios. Ahora han anunciado que van a endurecer sus acciones y van a a solicitar penas de cárcel a todos los investigados en este tipo de juicios.
El anuncio ha sido realizado por las Fiscales delegadas de Medio Ambiente de Sevilla, Cádiz y Huelva, bajo la coordinación del Fiscal de Sala, Antonio Vercher, en una reunión realizada en la sede de la Fiscalía de Área de Jerez de la Frontera y expresan que “solicitarán penas de prisión para aquellas personas que dañen los acuíferos de Doñana, mediante la extracción ilegal de agua”.
“En los últimos años ha aumentado de forma preocupante el número de sentencias de conformidad. Junto a esto, el criterio del Fiscal de Sala respalda el uso prevalente del Derecho penal frente al Derecho administrativo para castigar las infracciones en un entorno tan sensible como el del coto de Doñana”, denuncian.
Nuevas acciones para la prevención y localización
A parte, las Fiscalías propondrán “el empleo de la información obtenida por drones para la localización de pozos ilegales de agua, ya que emplean conducciones eléctricas que pueden ser detectadas por estos aparatos”.
Como última acción, han anunciado que “las Fiscalías recabarán a los ayuntamientos competentes la existencia y grado de cumplimiento de los planes de prevención de incendios forestales, que deben llevarse a cabo en los meses anteriores al verano, con el fin de proteger la masa forestal que existe en sus municipios”.
Los pozos del clan de los Alba
Uno de los casos más recientes que está llevando a cabo la Fiscalía es la investigación en contra de varios miembros de la familia de Alba por pozos ilegales en Doñana. A principios de este mes, la Fiscalía de Medio Ambiente solicitó al Juzgado de Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor que cite como investigados a Cayetano, Eugenia y Fernando Martínez de Irujo, miembros del consejo de administración de la sociedad Eurotécnica Agraria S.A., gestora de la finca Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar.
Según el Ministerio Público, en los terrenos se habría producido una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua durante años, con un grave impacto ambiental. La fiscal considera que existen “indicios suficientes” de un posible delito contra el medio ambiente, motivo por el cual solicita prorrogar la instrucción seis meses más.
Hasta la fecha, el único investigado en la causa era Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la duquesa de Alba, quien declaró el pasado 20 de febrero. Según su testimonio, accedió a la gestión de la finca en 2016 tras la herencia de su abuela y no estaba implicado en el funcionamiento diario. Aseguró que la regularización de los pozos se inició tras una denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en 2023, aunque esta ya había visitado la finca con anterioridad sin formular objeciones, según su versión.
La Fiscalía también pidió al juzgado que reclame a la CHG toda la información relativa a los expedientes sancionadores que pudieran haberse incoado contra la empresa. El objetivo es determinar si las captaciones de agua han causado “daños sustanciales” al medio ambiente.
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