
España dejará desde este jueves de otorgar permisos de residencia a cambio de la adquisición de inmuebles con una inversión de valor o superior a 500.000 euros, lo que se conoce como golden visa. Hace justo un año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta medida para garantizar que la vivienda sea un derecho y “no un mero negocio especulativo”. Sin embargo, Sumar, el socio minoritario de la coalición, y otros aliados de izquierdas del PSOE ya reconocieron en su día que la supresión de estos visados era insuficiente para acabar con el “agujero negro” del mercado inmobiliario.
En el sector inmobiliario también auguran que su impacto será residual. “Es irrelevante para el sector inmobiliario”, resume a Infobae España Luis Valdés, managing director de Residential Sales Advisory de Colliers. El profesional de esta consultora inmobiliaria agrega que las motivaciones de los inversores extranjeros en España son, “en su mayoría, indiferentes a la obtención de la golden visa y se basan más en los fundamentales de nuestro país, como la calidad de vida, la seguridad, la oferta educativa y de ocio”.
“Madrid es el ejemplo. Los compradores de lujo latinoamericanos no compran por la golden visa”, coincide en señalar Valdés acerca del estudio publicado por Colliers bajo el título Luxury Homes 2025, en el que destaca la trayectoria ascendente de Madrid, que emerge en Europa como capital de lujo. “Tan solo un año después, esta evolución se ha afianzado, situando a Madrid como una ‘ciudad rebelde’, que se distingue por su capacidad para atraer inversión, turismo y riqueza de forma sostenida”, dice el estudio.
Asimismo, un informe reciente de Caixabank Reserach apuntó en la misma dirección: “El impacto de esta eliminación sobre el mercado inmobiliario debería ser limitado, pues representan una fracción muy poco significativa del total de compraventas”, subrayó la entidad. En todo caso, destacó la preocupación mostrada por la Comisión Europea en reiteradas ocasiones sobre este tipo de programas, “dado que pueden exponer a la UE a riesgos de seguridad, lavado de dinero y evasión fiscal, preocupación que se ha intensificado a raíz de la guerra en Ucrania. Varios países están retirando este tipo de esquemas”.
Desde que se aprobó esta concesión (impulsada por el PP en 2013) hasta 2023, se han concedido en España 14.576 golden visa ligadas a inversiones en bienes inmuebles, la mayoría a ciudadanos de China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México. Las principales provincias de inversión son Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia, que concentran el 90% de las autorizaciones concedidas en todo el territorio nacional.
Suponen el 7% de las compras en Marbella
El Ministerio de Vivienda informó de que la compra de viviendas por extranjeros había aumentado considerablemente en los últimos trimestres del año 2023. De hecho, en ciudades de relevancia como Marbella o Barcelona, las adquisiciones de viviendas ligadas a inversiones previstas en la Ley 14/2013 llegaron a representar hasta el 7,1% (Marbella) y el 5,3% (Barcelona) del total de las compraventas de vivienda en un mismo año.
“Por tanto, esta medida da respuesta para que en aquellas ciudades donde las personas estén buscando una vivienda se sientan aliviadas porque su Gobierno está ofreciendo una respuesta dejando de diferenciar entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es decir, priorizamos la vivienda como un derecho y no como especulación, ya que hoy, 94 de cada 100 visados de este tipo están vinculados a la inversión inmobiliaria y, justamente, se produce en ciudades donde el mercado de la vivienda se encuentra altamente tensionado”, subrayó hace poco más de un año la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Este departamento hizo hincapié en el aumento exponencial de este tipo de visados en los últimos años, sobre todo tras el brexit y la guerra de Ucrania: 2.017 visados en 2022, 3.273 en 2023 y 424 en febrero de 2024. En el marco de la evolución en ascenso de las autorizaciones, la suma del importe total de la inversión asciende a más de 10 billones de euros. “Se nos encendió la luz de alarma, ya que en los últimos dos años se han duplicado las concesiones de golden visa y la inversión extranjera”, añadió la ministra para justificar una medida que será una realidad a partir de este jueves, tras incluirla en la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficacia del Servicio Público de Justicia.
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