Todo lo que se sabe de las negociaciones para que quienes cobran el salario mínimo no paguen IRPF

El Gobierno sigue sin cerrar un acuerdo en torno a la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un asunto que divide a PSOE y Sumar. El Ministerio de Hacienda planteó al de Trabajo una deducción que compense a los perceptores del SMI obligados a pagar IRPF, pero esta propuesta solo sería válida durante 2025, lo que ha “atascado” las negociaciones, según confirmaron desde Sumar.

Las dos partes siguen confiadas en poder alcanzar un pacto, pero esta situación deja en el aire la posibilidad de que el Ejecutivo vete una propuesta legislativa en el Congreso impulsada por el socio minoritario, abocando al Gobierno a un conflicto sin precedentes. En todo caso, desde el espacio de Yolanda Díaz tratan de restar importancia a este eventual veto de Hacienda, cuyo plazo para registrarlo finaliza este viernes a las 18 horas.

“El límite sería la mesa”, señalan fuentes del Ministerio de Trabajo acerca de la reunión del órgano de gobierno de la Cámara Baja, encargado de revisar la posible impugnación de Hacienda para evitar la tramitación de las leyes registradas por Sumar, Podemos y PP. En esencia, estas normas buscan elevar ese mínimo exento de tributación en el IRPF para que todos los perceptores del SMI no tengan que tributar. Esto es, revertir la decisión de Hacienda que empañó la última subida del SMI aprobado en febrero (situado en 1.184 euros, 50 euros más que el año pasado).

Hacienda propone una deducción para que el salario mínimo no tenga que pagar IRPF

Yolanda Díaz argumentó que la postura de Hacienda contradice el acuerdo de Gobierno, ya que se establece que el SMI debe suponer el 60% del salario medio neto, una cifra que alcanza los 16.576 euros anuales. Para Sumar, si no se eleva el mínimo exento, “no podemos asegurar el 60% del salario medio neto” al aplicarse una retención que restaría 22 euros al salario neto mensual.

Sin embargo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue sin estar dispuesta a elevar el mínimo exento hasta adaptarlo a la última subida del SMI. La dirigente socialista calculó que el impacto de esa deducción a aplicar al 20% de los perceptores que tuvieran que tributar (el otro 80% no tendría que hacerlo al estar excluido por cargas familiares) supondría “algo más de 200 millones de euros” para las arcas públicas. No obstante, ese coste estaría muy por debajo de los entre 1.500 y 2.000 millones de euros que conllevaría elevar el mínimo exento, por lo que descartó nuevamente “hacer extensiva al resto de rentas salariales” esa compensación planteada.

Hacienda quiere que el SMI “siga subiendo de forma importante”. De esta manera, el 60% del salario medio cada vez será mayor y se aproximará a la media salarial. ”Es lógico pensar que, en la medida en que esas rentas salariales vayan subiendo, tienen que ir aportando de forma proporcional al sostenimiento de las arcas públicas”, aseguró. Pero enfrente no solo tiene a Sumar, ya que, como recordó Díaz, “la mayoría del hemiciclo está de acuerdo”, dejando en el aire la posibilidad de que su formación pacte en la Mesa del Congreso con el PP para levantar un posible veto del Gobierno.