El Partido Socialista (PSOE) y Junts per Cataluña han alcanzado un acuerdo de cara a la delegación de las competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña.
Tal y como han informado medios como la agencia Europa Press, pese a que el texto acordado no ha trascendido por el momento, se espera que la Proposición de ley, fruto de un acuerdo alcanzado tras más de un año de negociación, se lleve al Congreso de los Diputados esta misma semana. Además, será desde Junts desde donde se haga oficial el acuerdo.
La formación catalana, en un primer acercamiento, ya retiró la iniciativa que plantaba una posible cuestión de confianza a Pedro Sánchez, algo que se acordó la semana pasada tras pedirlo el mediador internacional Francisco Galindo. Sin embargo, aún se desconoce hasta qué punto el Gobierno ha cedido a sus pretensiones de un traspaso integral de las competencias en el control de las fronteras, con cuestiones tan discutidas como la participación de los Mossos en la seguridad.
Otra cuestión donde existía un gran desacuerdo era en qué administración debía tener la potestad de expedir documentos como la tramitación del Número de Identificación de Extranjeros (NIE) o los procesos de expulsión. Este tipo de cuestiones, de ser concedidas íntgramente, pasarían a estar bajo el control del Govern del socialista Salvador Illa, el cual se ha mostrado abierto a aceptar cualquier transferencia que el Gobierno quiera realizar.
Un equilibrio delicado
Las cuestiones en materia de inmigración han sido algunas de las más comentadas de esta legislatura, con la reforma de la Ley de Extranjería gran batalla política librada desde distintas comunidades autónomas. También ha sido un frente constante para el Gobierno las negociaciones con los partidos nacionalistas en Cataluña, los cuales compiten entre sí para liderar la oposición (y la opinión pública) contra el PSC en la comunidad autónoma.
En este sentido, Esquerra Republicana logró un importante aval tras lograr un acuerdo con el Gobierno para la condonación de más de 17.000 millones de euros de deuda a Cataluña, además de otro pacto para que sea la Generalitat la que gestione, a partir de 2026, el servicio de Cercanías. Dicha condonación de la deuda se acabó extendiendo al resto de comunidades, en lo que supuso la asunción de más de 83.000 millones de euros por parte del Gobierno central.
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