
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto a un guardia civil de los delitos de falsedad en documento oficial o, subsidiariamente, de prevaricación administrativa, y de los delitos leves de amenazas y de maltrato de obra de los que le acusaba un conductor. La Fiscalía, en inicio, calificó los hechos de un delito leve de amenazas, pero en el trámite de conclusiones definitivas no formuló acusación.
Según el denunciante, aquel día viajaba con su madre en dirección a Francelos, dentro del mismo municipio, con la intención de comprar pan. Al ser detenido en un control por el agente, presentó un certificado expedido por los Servicios Sociales de Ribadavia, que acreditaba que su madre tenía un grado I de dependencia y que él se encargaba de su cuidado. No obstante, el guardia civil, que también participaba en el control, consideró que el documento no era válido por no tratarse de un certificado médico.
En ese momento, ordenó al denunciante salir del vehículo y abrir el maletero, lo que este hizo sin ponerse el chaleco reflectante, algo que posteriormente fue motivo de una denuncia administrativa. Luego, el agente le pidió la documentación del vehículo y el justificante del seguro, a lo que el hombre respondió que no lo llevaba consigo porque no era obligatorio. El agente le advirtió que las comprobaciones podrían tardar debido a fallos en el sistema operativo.
Finalizada esta primera intervención, los agentes indicaron al conductor que podía continuar su marcha en línea recta. Sin embargo, en lugar de seguir la indicación, realizó un giro en línea discontinua para regresar a Ribadavia. En ese momento, le vuelven a detener, argumentando que la maniobra había sido brusca y peligrosa.
“El pan te va a salir caro”
Según la denuncia, el agente adoptó una actitud intimidatoria, llegando a decirle: “te vas a enterar”, “el pan te va a salir caro” y “suerte que llevo este uniforme, que si no esto lo solucionábamos de otra manera”. Además, le habría advertido que su conducta rozaba la detención y comunicó la situación a su superior inmediato.
Posteriormente, el guardia civil interpuso varias sanciones administrativas por:
- No llevar mascarilla correctamente, lo que dio lugar a un expediente sancionador del Concello de Ribadavia (que caducó sin resolución).
- No ponerse el chaleco reflectante al salir del vehículo y ocupar la calzada.
- No llevar el cinturón de seguridad abrochado.
- Realizar un cambio de sentido peligroso tras haber recibido la indicación de continuar recto.
Tras recibir las notificaciones de las sanciones, el afectado interpuso recursos contencioso-administrativos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ourense, argumentando que las multas eran injustificadas y que el agente había actuado con abuso de autoridad y falsedad documental. En marzo de 2022, dicho tribunal revocó las sanciones impuestas por no llevar cinturón de seguridad y por el cambio de sentido peligroso, lo que llevó a presentar una denuncia penal.
A raíz de esta denuncia, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Ribadavia inició las diligencias previas nº 33/2021, y tras la fase de instrucción, se abrió un procedimiento abreviado (55/2024) en la Audiencia Provincial de Ourense, donde el guardia civil fue formalmente acusado de falsedad en documento público, prevaricación administrativa, amenazas y maltrato de obra.
Penas de tres años de prisión
El Ministerio Fiscal, que inicialmente consideró que podía haber indicios de un delito leve de amenazas, finalmente decidió no formular acusación en sus conclusiones definitivas. No obstante, la acusación particular mantuvo los cargos y solicitó para el agente una pena de tres años de prisión, multa y cuatro años de inhabilitación para ejercer en cuerpos policiales, además de una indemnización de 1.142,82 euros por los gastos legales derivados de los recursos administrativos que interpuso contra las sanciones.
Durante el juicio, la defensa del demandado negó todas las acusaciones, sosteniendo que el agente actuó conforme a la normativa y sin falsificar los hechos. Finalmente, la Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto al guardia civil de todos los cargos, al considerar que no se había probado que hubiese mentido en los boletines de denuncia ni que hubiera actuado de forma arbitraria o amenazante.
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