Una empleada de correos que trabajó 43 años y ahora cobra 640 euros de pensión debe pagar 43.000 al Estado: “Aboné impuestos toda mi vida. Es injusto”

¿Está sobrevalorada la jubilación? Lo que está claro —a la luz de una búsqueda rápida en internet de frases famosas sobre el tema— es que está idealizada. Dicen esas citas: “¿Planes para hoy? Lo que el sofá decida”. “Dile adiós a la alarma, y hola a la nueva aventura cada mañana”. “La jubilación: donde el uniforme oficial es el pijama”. Etcétera, etcétera.

Sin embargo, la realidad muestra que es un periodo en el que los problemas no se terminan: los problemas de salud irán a peor, hay que saber ‘ocupar’ el día para no terminar 15 horas en el sofá y la economía puede estar más ajustada, en función de la prestación que se reciba. En algunos casos extremos, se puede convertir incluso en un problema.

Un ejemplo es el de la francesa Yvette Pittet, una cartera que, tras 43 años de carrera, se jubiló anticipadamente en 2011 por recomendación de La Poste, la empresa de servicios postales de su país. Sin embargo, con una pensión de solo 640 euros al mes, esta residente de la región de Alta Saboya no tuvo más opción que volver a trabajar. Primero lo hizo como auxiliar de vida en una asociación de ayuda a domicilio en los entornos rurales y luego como asistente técnica en una escuela infantil. En 2021, consiguió un contrato indefinido en un empleo dentro de la función pública, lo que marcó un giro inesperado en su estabilidad financiera. Pero esta fortuna terminaría revelándose como desafortunada.

Así, hace tres años Yvette recibió una notificación de Hacienda informándole de la suspensión de su pensión. En ese momento descubrió una normativa que desconocía: a diferencia de lo que ocurre en el sector privado en Francia, en la función pública existe un límite para combinar empleo y jubilación, y ella lo había superado. Un año después, el Estado le reclamó 44.424 euros, el equivalente a cuatro años de pensión percibida “ilegalmente”, según informa el medio local Nord Littoral.

“Es una injusticia”

Para Yvette y su familia, la sanción es incomprensible. Su hijo ha criticado duramente el sistema, en declaraciones recogidas por el medio citado: “Ha trabajado toda su vida, 30 años al servicio de los demás, y ahora le exigen que devuelva 45.000 euros. Nos parece una situación completamente injusta”.

Por su parte, Yvette se siente traicionada: “He pagado impuestos toda mi vida, he seguido todas las reglas, y ahora me vigilan como si hubiera cometido un delito”.

Con la ayuda de su familia, la mujer decidió recurrir al tribunal administrativo. Sin embargo, su demanda fue rechazada. Su abogada explicó que el juez señaló que no puede ir en contra de la ley, aunque haya reconocido la inequidad del caso. Ahora, Yvette debe encontrar una solución para devolver esta suma considerable.

Ante esta situación, la jubilada alerta sobre una normativa poco conocida: “Esta ley la conoce muy poca gente. Hay otros funcionarios en la misma situación y esto debe hacerse público”. A la espera de una posible reformade la ley, Yvette deberá pagar la multa y afrontar una reducción del 30% en su pensión.