Puigdemont rebaja la exigencia sobre la cuestión de confianza tras pactarlo con el PSOE: reconoce que no tiene “vinculación jurídica”

Junts ha modificado la proposición no de ley para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza. Tras pactarlo este martes con el PSOE a cambio de apoyar en el Congreso el nuevo decreto ómnibus aprobado este martes por el Consejo de Ministros, el partido de Carles Puigdemont ha reformulado su iniciativa que, en todo caso, ni tenía ni tiene carácter vinculante.

Los posconvergentes dan un paso atrás en su exigencia al pedir ahora que Sánchez “considere la oportunidad de plantear” una cuestión de confianza. Asimismo, reconocen que la iniciativa no tiene “vinculación jurídica”, solo “política”. “El Congreso de los Diputados insta al Presidente del Gobierno a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica”, recoge la modificación de Junts al texto de la proposición no de ley.

Los independentistas afirman que este cambio no supone una retirada de la anterior iniciativa no legislativa. “No se ha retirado la PNL, se ha realizado una reformulación técnica”, alega el grupo capitaneado en la Cámara Baja por Míriam Nogueras. Si bien, aunque el objeto del texto es el mismo, esta modificación rebaja aún más esta iniciativa.

Los independentistas congelaron las relaciones sectoriales con el PSOE después de que la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, pospusiera su decisión sobre la cuestión de confianza. En un principio, el Gobierno quería vetarla por “extemporánea”, pero finalmente metió la iniciativa en un cajón, dando otra patada hacia adelante para ganar tiempo hasta llegar a un acuerdo con Junts.

El hecho de no tomar una decisión definitiva motivó el enésimo enfado de los de Puigdemont, que unos días después, mientras se mantenían congeladas las conversaciones con los socialistas, rechazaron los tres reales decretos-ley que el Gobierno llevó la semana pasada al Congreso. Entre esas normas estaban el conocido como decreto ómnibus con la subida de las pensiones y las ayudas al transporte.

Sánchez no se va a someter a una cuestión de confianza

Menos de una semana después, los socialistas llegaron a un acuerdo con Junts para volver a impulsar las principales medidas contempladas en esa iniciativa. Además de incluir la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos, Junts consiguió que el Gobierno dejara fuera del nuevo decreto “todas las medidas tributarias (que se negociarán más adelante), las medidas relativas a las ayudas a empresas electrointensivas, las medidas para suavizar el impacto contable del impuesto en los bancos, las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente, o la perpetuación de unos anticipos por la financiación autonómica sin pactar una redistribución distinta de los objetivos de déficit y sin haber abierto una negociación seria sobre el concierto económico de Cataluña. Tampoco se incluye la modificación de la ley de la sociedad de la información o servicio postal, que suponían la vulneración de las competencias de Cataluña”.

Por otro lado, el acuerdo cerrado este martes in extremis prevé “la tramitación de la PNL sobre la cuestión de confianza pedida por Junts per Catalunya”. De esta manera, los independentistas “levantan” la congelación de las negociaciones sectoriales con el PSOE. Si bien, el PSOE dejará que se debata en el Congreso la proposición no de ley con la condición de que el texto reconozca que solo Sánchez tiene la potestad para someterse a una cuestión de confianza.

Según avanzó el propio Sánchez, el texto reconocería “lo que dice la Constitución, que la competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae sobre el presidente del Gobierno de España, previa deliberación del Consejo de Ministros”. Asimismo, más allá de lo que suceda con la proposición no de ley en la Cámara Baja, Sánchez descartó la posibilidad de someterse a una cuestión de confianza: “El Gobierno no ve necesidad de hacerlo”, remató este martes en rueda de prensa desde la Moncloa.