Pedro Sánchez anuncia la transferencia de más de 3.300 casas a la empresa pública de vivienda y limitará la compra de inmuebles a los extranjeros no residentes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha clausurado este lunes en Madrid el foro Vivienda, quinto pilar del estado del bienestar. Durante su comparecencia, el líder del Ejecutivo ha anunciado un nuevo paquete de hasta 12 medidas en esta materia. Entre ellas, destaca la transferencia de viviendas y suelo a la recién creada Empresa Pública de Vivienda. En concreto, la Administración General del Estado ha cedido más de 3.300 viviendas y casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir viviendas sociales de alquiler asequible.

También, se incorporarán 13.000 viviendas de la Sareb de forma inmediata, y otras 17.000 más, progresivamente. Asimismo, la nueva Empresa Pública de Vivienda tendrá “prioridad” en la compra de viviendas y suelos, con carácter supletorio respecto al derecho de las CCAA. En esta línea, se blinda la vivienda protegida del Estado, garantizando por ley que toda la vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública.

En el marco de la protección de los derechos de propietarios e inquilinos, Sánchez ha anunciado la creación de un sistema de garantías públicas para quienes participen en alquiler asequible. De esta manera, el Ejecutivo asegurará al propietario el cobro de la renta de alquiler y al inquilino una mayor oferta a precio asequible y equidad en el acceso. Estará en funcionamiento este año y se empezará aplicando a los propietarios que alquilen a menores de 35 años. Según ha recordado Sánchez, este sistema ya se ha implementado “con éxito” en Francia.

El Gobierno plantea la creación de un nuevo programa de rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler asequible. Así, se otorgarán ayudas a aquellas personas que reformen un piso para ponerlo en alquiler asequible durante al menos cinco años. Y, dentro de este bloque, Sánchez ha realizado otro importante anuncio: el Gobierno propondrá al Congreso la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que estas se encuentren en zonas declaradas tensionadas.

Coto a los pisos turísticos

El secretario general del PSOE ha propuesto la limitación a la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes. Así, se incrementará hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en España cuando compran una casa en España, priorizando que las viviendas disponibles sean para los residentes.

Según Sánchez, es una medida “inédita”, que ya se aplica en países como Canadá, además de ser “adecuada y necesaria” en la coyuntura habitual. “Solo en 2023, los residentes de fuera de la UE compraron alrededor de 27.000 casas y pisos. No para vivir, no para que vivieran sus familiares; lo hicieron para especular, para ganar dinero con ellas”. Esto, ha agregado, en un contexto de escasez residencial, no se puede “permitir”, aseverando que el Gobierno tiene los “brazos abiertos” a la inversión extranjera, pero dejando claro que esta tiene que ser “productiva”.

También, el Ejecutivo llevará al Congreso que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y pasen a tributar como una actividad económica, incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística. Por otro lado, el Gobierno trabajará para condicionar las ventajas fiscales de las Socimis (grupo de inversión en activos inmobiliarios) a la promoción de vivienda en alquiler asequible.

Sánchez ha adelantado que se pondrá en marcha un PERTE (se trata de proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) para la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España, de manera que “podamos construir casas en menos tiempo y con menos costes”. El Gobierno ha elegido la provincia de Valencia para su desarrollo y contribuir así a la reconstrucción del tejido económico tras la DANA.

El Ejecutivo endurecerá la regulación que persigue el fraude en los alquileres de temporada y creará un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de la vivienda. Por último, impulsará un nuevo plan de estatal de vivienda, para su entrada en vigor en 2026. “Aumentará los programas de ayuda hoy vigentes y prestará una especial atención a las personas mayores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad y a aquellas que residen en zonas degradadas”, ha declarado el presidente del Gobierno.

Sánchez ha anunciado estas medidas, que persiguen tres objetivos: más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas. Con ello, el presidente del Gobierno ha dejado claro que el problema de la vivienda “no empezó con el Ejecutivo socialista”, sino con la administración de Mariano Rajoy, que llevó a cabo una política neoliberal de vivienda, frenando la construcción de viviendas públicas y entregando a los fondos buitres las casas de alquiler social.