La patronal no sólo rechaza la reducción de la jornada laboral: ahora afirma que deberíamos trabajar más para alcanzar la productividad de Europa

La evolución histórica de la jornada laboral en España ha estado marcada por la lucha constante entre los trabajadores y sus empleadores. A lo largo de los siglos XIX y XX, tuvieron que luchar a través de huelgas y protestas para conseguir la reducción paulatina de las horas que se dedicaban a trabajar, lo que llevó a tensiones y enfrentamientos constantes. No era para menos.

A principios del siglo pasado, conforme recoge CCOO en su página web, la jornada de trabajo era de 12 horas al día y 6 días a la semana y solo se descansaba los domingos. Desde 1939, con la instauración del régimen franquista, la jornada laboral se ha visto sometida a múltiples regulaciones en España. En los primeros años de la dictadura, la duración del trabajo llegaba a alcanzar las 60 horas semanales, aunque esta cifra se redujo posteriormente a 48 horas, conforme detalla el sindicato. Tras la muerte del dictador empezaron a llegar más cambios.

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Con el Estatuto de los Trabajadores recién aprobado dos años antes, en 1980, las vacaciones eran entonces de 23 días naturales y la jornada “de trabajo efectivo” podía alcanzar las 43 horas semanales si era partida (con una hora de descanso diaria como mínimo) y de 42 horas semanales si era continuada. No fue hasta finales de diciembre de 1982, con la entrada del Gobierno socialista de Felipe González, cuando se aprobó la jornada laboral de 40 horas semanales que conocemos actualmente.

En la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que se aprobó, los ministros ya tuvieron que responder a las críticas de la patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que defendía que, en caso de reducirse la jornada, también debían hacerlo los salarios. Así, España aplicaba en los años 80 un cambio en la vida laboral y, pese a las previsiones de los empresarios, no hubo ninguna hecatombe económica. Ahora, con argumentos similares, se oponen a la reducción de la jornada a las 37 horas y media, por el aumento de costes, la afectación al empleo y la vulneración de la negociación colectiva.

Regreso a los 80 con una jornada 41 horas semanales

No obstante, también han encontrado nuevos argumentos. La CEOE niega que la reducción de la jornada laboral semanal hasta las 37,5 horas vaya a incrementar la productividad, como defiende el Ministerio de Trabajo. Incluso insinúan que harían falta más horas de trabajo: “Para tener un nivel de productividad en consonancia con la media de los países analizados, la jornada efectiva en España debería estar en torno a 41,2 horas semanales. Por tanto, llevar a cabo reducciones de dichas jornadas laborales sin incrementos muy significativos de la productividad nos alejaría aún más de las referencias europeas”.

Con estas palabras, la CEOE alega que, desde 2019, la productividad por ocupado en España ha disminuido de forma significativa frente a su crecimiento en el conjunto de la UE. “Los estudios indican que es el incremento de la productividad lo que permite la reducción de las jornadas laborales y el aumento de los salarios. En sectores donde la productividad está directamente relacionada con el tiempo de trabajo, una reducción impuesta generará desajustes organizativos y un mayor incremento de los costes laborales, resultando en una disminución de la productividad”, avisa la patronal, que no se aleja de la línea del discurso que planteó con la entrada del debate de la reducción.

Estas declaraciones se incluyen en los documentos remitidos por la patronal a Trabajo, en los que la CEOE también hace constar que el borrador con la propuesta del Ministerio contiene afirmaciones “gratuitas y sin rigor” y que confunde la jornada máxima con la jornada pactada de trabajo. Considera que la propuesta de Trabajo “constituye una injerencia sin precedentes en la autonomía colectiva y no oculta el propósito final de cambiar el modelo constitucional de fijación de las condiciones laborales por los agentes sociales a través de la negociación colectiva por otro ‘intervenido’ que contraviene, incluso, las orientaciones del Consejo de Europa”.