La subida del impuesto al diésel se pospone: así será la medida de Hacienda que afectará el precio del combustible

El aumento del impuesto al diésel, una medida que el Ministerio de Hacienda había previsto implementar para incrementar la recaudación fiscal en 1.000 millones de euros anuales, aún no se ha concretado, y no parece que vayan a anunciar nada nuevo antes de fin de año. Tal y como han informado desde 20 Minutos, en el último Consejo de Ministros de 2024, celebrado este lunes, no se incluyó esta propuesta entre las medidas aprobadas, a pesar de que se esperaba su incorporación. La decisión de aplazar la medida responde a la falta de consenso político necesario para garantizar su aprobación en el Congreso.

El plan del Gobierno busca equiparar la fiscalidad del diésel con la de la gasolina, lo que supondría un incremento de entre 10 y 11 céntimos de euro por litro de gasóleo repostado. Esto implicaría un aumento de casi 6 euros para llenar un depósito promedio de 50 litros. Sin embargo, según ha detallado Autopista.es, esta subida no afectará a los transportistas ni a los profesionales que utilicen gasóleo B bonificado, con el objetivo de proteger la competitividad de los sectores que dependen intensivamente de este combustible.

El Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, ha justificado la medida como parte de un esfuerzo por “internalizar los costes ambientales” asociados al uso del diésel y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, la falta de apoyo parlamentario ha retrasado su implementación. Y es que el Gobierno aún no cuenta con los votos necesarios para convalidar la medida cuando los decretos aprobados sean enviados al Congreso en un mes.

Podemos se opone al aumento del diésel si no se implementa el impuesto a las energéticas.

La situación se complica debido a las tensiones con Podemos, uno de los socios clave del Ejecutivo. El partido ha expresado su rechazo al impuesto al diésel, argumentando que afectaría principalmente a las familias trabajadoras. La eurodiputada de Podemos, Isa Serra, ha criticado la medida al señalar que “es ridículo quitarle los impuestos a las grandes empresas energéticas, que son las que venden el diésel y las que más contaminan, y hacerle pagar a las familias trabajadoras más impuestos”. El descontento del partido morado también está relacionado con la falta de avances en la aprobación de un impuesto permanente a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, una promesa que, según fuentes del partido, el Gobierno no ha cumplido.

El actual gravamen temporal sobre las ganancias extraordinarias de las empresas energéticas, que fue aprobado en 2023, se ha prorrogado por un año más. Pero su continuidad está en riesgo, ya que partidos como PNV y Junts no van a ofrecer sus apoyos en el Congreso. Esta situación ha generado un clima de desconfianza entre Podemos y el Ejecutivo, lo que podría dificultar aún más las negociaciones para aprobar el impuesto al diésel.

A pesar de las dificultades, el Gobierno mantiene su compromiso con la reforma fiscal, que forma parte de los acuerdos con la Unión Europea para recibir el quinto tramo de los fondos europeos, valorado en 6.500 millones de euros. La subida del impuesto al diésel entraría en vigor en abril de 2025, siempre que se logre su aprobación. Además, el Ejecutivo contempla la posibilidad de reducir la tasa en al menos 5 céntimos por litro si el precio del diésel supera nuevamente los 2 euros por litro, como ocurrió tras el inicio de la guerra de Ucrania.

El contexto internacional también refuerza la tendencia hacia una mayor fiscalidad sobre el diésel. Países como Alemania e Italia están considerando medidas similares para desincentivar el uso de este combustible y fomentar la transición hacia vehículos eléctricos. En Francia, incluso se han eliminado concesiones para gasolineras que suministran diésel, con el objetivo de reducir su consumo.

En España, el debate sobre el impuesto al diésel refleja las tensiones entre las prioridades ambientales y las preocupaciones económicas de los ciudadanos. Por ahora, la medida sigue bloqueada, y el futuro de la reforma fiscal dependerá de las negociaciones políticas en las próximas semanas.