Ábalos entrega al juez el contrato y los pagos por el alquiler del chalé de Cádiz para desmentir a De Aldama

La defensa del exministro de Transportes aporta un escrito con abundante documentación que busca desmontar las acusaciones vertidas por Víctor de Aldama

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Contrato de alquiler del chalé
Contrato de alquiler del chalé de La Alcaidesa. (Infobae España)

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha aportado al juez del Tribunal Supremo numerosa documentación sobre la trama Koldo a la que ha tenido acceso Infobae España. Entre otras pruebas, incluye el contrato de alquiler “con opción de compra” del chalé que la trama supuestamente le facilitó en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz) con el objetivo de “desvirtuar” las acusaciones vertidas por el empresario Víctor de Aldama.

Ábalos también entrega al magistrado Leopoldo Puente los recibos de una primera transferencia de 5.000 euros en concepto de fianza y una segunda de 2.500 euros por la primera y única mensualidad que abonó. El chalé era propiedad de la empresa Have Got Time, vinculada a Víctor de Aldama e involucrada en la trama de hidrocarburos que investiga el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. La administradora de la sociedad que firma el contrato con Ábalos es Leonor, hija de la empresaria Carmen Pano, ambas detenidas por la UCO de la Guardia Civil esta semana en el marco de la investigación por el caso de los hidrocarburos.

El contrato de arrendamiento del chalé, valorado en 665.000 euros según el precio de una posible futura venta del inmueble, se firmó el 1 de julio de 2021. Cinco meses después, según la documentación aportada por el exministro, Have Got Time y Ábalos rescindieron de mutuo acuerdo el contrato de alquiler por impagos con la correspondiente condonación de la deuda que le ofreció la sociedad. El exministro alegó en un correo electrónico “circunstancias sobrevenidas” que le impidieron, supuestamente, abonar las mensualidades.

La Guardia Civil sostenía en uno de sus informes que hay “múltiples evidencias” que confirmarían el uso real del inmueble por parte de Ábalos, llegando incluso a disponer de la propiedad para realquilarla y poder obtener así rendimientos económicos de la misma. En su declaración del pasado jueves ante el Tribunal Supremo, el exministro aseguró que el chalé “no se podía realquilar”, por lo que no lo hizo.

A juicio de la UCO, la “disponibilidad real” de la que supuestamente gozaba Ábalos quedaba patente en unos mensajes de Whatsapp incautados a Koldo García. El exministro dijo en el Supremo que esas comunicaciones estaban “sesgadas” y su defensa ha aportado la conversación completa junto al resto de la comunicación. En uno de los mensajes, Koldo le dice a su interlocutor “y por cierto mil gracias por el tema casa”, pero según Ábalos se refiere a otra vivienda.

La tesis de la investigación

La tesis de los investigadores es que quien estaba realmente tras el chalé de La Alcaidesa eran Víctor de Aldama y su socio en la trama de hidrocarburos Claudio Rivas, quien estaba intentando conseguir una licencia de operador y a quien Koldo García, a través del comisionista, le habría conseguido una reunión. La UCO sospecha que cuando esa autorización fue rechazada en primera instancia, en octubre de 2021, la trama quiso desahuciar a Ábalos, quien habría llegado a planear realquilar a turistas la vivienda.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado este jueves que cree haber dado las "aclaraciones suficientes" al juez que le investiga en el Tribunal Supremo, al tiempo que ha negado comisiones irregulares y ha apuntado que se ha comprometido a "entregar documentación". (Fuente: Europa Press, Cedidas)

Ante el juez en el Supremo, el exministro trató de desmontar esta tesis y esgrimió que le quisieron desahuciar exclusivamente por sus impagos. Por todo ello entrega al magistrado tanto el acuerdo que se firmó para la disolución del contrato como las transferencias que sí llegó a realizar.

Antes de que la defensa Ábalos le hiciese entrega de toda esta documentación, el magistrado Leopoldo Puente ha solicitado suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad parlamentaria del exministro de Transportes al apreciar “indicios bastantes” de la comisión de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

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