Cuando todavía hay decenas de desaparecidos y los vecinos de la ‘zona cero’ afectada por la DANA tratan de reconstruir sus calles y sus vidas, la gestión política de la catástrofe ya ha llegado a los tribunales. Lo ha hecho de múltiples formas: desde recursos por la vía de lo contencioso-administrativo hasta querellas presentadas por partidos políticos y que apuntan directamente al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.
La primera respuesta de los tribunales a una de estas medidas, concretamente a un recurso presentado por un abogado valenciano contra la “inactividad” de la Generalitat en las horas previas a la DANA, ha llegado de la mano del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ha admitido el recurso y ha solicitado a Mazón todos los “expedientes administrativos” relacionados con la gestión de la catástrofe.
El mismo tribunal remitió el pasado miércoles al Tribunal Supremo —por ser el órgano competente— una demanda por la vía civil interpuesta por la asociación Liberum, que denuncia la “inacción” del Gobierno central frente a las consecuencias de la DANA y solicita como medida cautelar que la Justicia obligue al Estado, a través de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a responder a la emergencia garantizando los “servicios básicos” de la ciudadanía.
Recorrido en el Supremo
El Supremo, en este caso por la vía penal, tiene también sobre la mesa dos querellas contra Pedro Sánchez por delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, entre otros delitos. La primera fue presentada por el partido de reciente creación Iustitia Europa —que también se ha querellado contra Fernando Grande-Marlaska y contra Mazón ante el TSJCV— y la segunda por Vox. Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por Infobae España opinan que estas medidas “no tendrán recorrido”, ya que aún no se han podido aportar pruebas lo suficientemente “sólidas” como para que el Supremo abra una investigación, aunque no lo descartan en un futuro.
En su escrito, Iustitia Europa acusa a Mazón de “abandono absoluto” en la gestión de la emergencia, y a Sánchez y Marlaska de haber “omitido de manera flagrante” las “funciones constitucionales” que les impone la Carta Magna al no haber declarado el Gobierno “la situación como Emergencia Nacional”.
Ambas formaciones se dirigieron al Tribunal Supremo dado que el presidente del Gobierno y el ministro del Interior son personas aforadas ante ese órgano, mientras que Carlos Mazón lo es ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Por su parte, la primera denuncia recibida en el juzgado de guardia de Valencia fue interpuesta el pasado día 2 por el sindicato Manos Limpias, habitual en la oposición al Ejecutivo central en los tribunales, e iba dirigida contra la responsable de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), María José Rallo del Olmo, y contra el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Emilio Argüeso.
Manos Limpias aseguró haber esperado “prudentemente” a que la Fiscalía “procediera a la apertura de diligencias informativas” y “dado el tiempo transcurrido ante su silencio”, al sindicato se dirigieron “innumerables personas afectadas con objeto de que instáramos la correspondiente denuncia”, explica en su escrito.
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