El fiscal general García Ortiz rechaza dimitir tras su imputación y defiende su actuación contra los “bulos”

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha descartado presentar su dimisión tras su imputación en el Tribunal Supremo por posible revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz argumenta en un comunicado difundido este martes que su continuidad en el cargo es “lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo”.

García Ortiz defiende su actuación en un caso en el que “con bulos y falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes”. Considera que “el ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz”.

No obstante, reconoce que la condición de investigado de un fiscal general del Estado es “inédita” en nuestro país y subraya que esta situación “obliga a realizar una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar no solo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la Justicia española”.

Además, ha anunciado la convocatoria para este miércoles a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal para “hacerles partícipes de esta decisión”, así como para “proporcionar las explicaciones oportunas”.

A lo largo del comunicado, de dos folios, el fiscal general del Estado explica que es “consciente de la repercusión pública de la noticia” y asegura no desconocer “la afectación que supondrá en el trabajo de las y los fiscales de nuestro país”. Pero, prosigue, “es precisamente la ponderación de estas circunstancias” lo que le “persuade para seguir ejerciendo” su cargo “con pleno respeto a la Ley y al Estado de Derecho”.

Imputación por la filtración de los correos

El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir una investigación penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos al desmentir en un comunicado de prensa que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien está investigado por presunto fraude fiscal. En la nota, se aclaraba que era el abogado de la defensa quien había ofrecido un pacto al Ministerio Público. Se trata de la primera vez que el alto tribunal imputa a un fiscal general del Estado.

La Sala de lo Penal del alto tribunal también ha abierto una investigación a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, quien supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración del citado comunicado.

Los magistrados señalan que del contenido de la controvertida nota “se desprende que, aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos” -se habían publicado en los medios de comunicación-, pero de la declaración como testigo del fiscal que llevaba el caso, Julián Salto, “se desprende que horas antes de la nota de prensa, los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular (el novio de Ayuso) fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial (…)”.

El auto también subraya que la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) quedó inconclusa al enviar la causa al Tribunal Supremo por el aforamiento de García Ortiz, lo que impidió conocer “cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa, cuando los mismos estaban en poder del Fiscal General del Estado y de la Fiscal Jefa Provincial, enviados por el Sr. Salto a partir de las 22 horas del día 13 de marzo, y dispusieron de ellos ambos para elaborar y consensuar la nota informativa”.