La llegada de inmigrantes a las costas canarias o andaluzas se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. No obstante, las evidencias científicas destacan que la inmigración, en general, no resulta perjudicial ni para los trabajadores locales ni para los servicios públicos, ha indiciado un estudio realizado este miércoles por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Para regularizar la estancia de estas personas, el Congreso de los Disputados ha iniciado la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de manera extraordinaria de aproximadamente 500.000 migrantes. No obstante, para poder optar a esta regularización tienen que cumplir una serie de requisitos, ha informado Newtral.
La proposición de la ley expone que medio millón de extranjeros, de los cuales una tercera parte serían menores de edad, que están, actualmente, “residiendo de forma irregular en España”, podrían legalizar su estancia en el país. La propuesta, la cual se acabó el plazo para reclamar enmiendas por las partes contrarias el 25 de septiembre, podría llegar al pleno la semana del 13 de octubre.
El activista Augustin Marie Ndour Ndong, autor de esta iniciativa, ha declarado que esta situación se debe a que “el sistema a la residencia contemplado en la ley de extranjería resulta insuficiente, limitado, lento y altamente restrictivo”. Ndong fue el primer hombre negro en postularse a la presidencia del Gobierno de España en 2019, con el partido Por un Mundo Más Justo (M+J).
La propuesta de ley
La aprobación de esta regulación supondría que cientos de miles de migrantes pudieran acceder a permisos de trabajo y de residencia. No es la primera vez que sucede un caso similar, de hecho, ha habido hasta seis casos previos en los que se han sacado adelante estas propuestas. En 2005 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero concedió el permiso de trabajo y residencia a 576.506 inmigrantes, el último y mayor proceso de regularización extraordinaria de extranjeros.
Hoy en día, esta iniciativa pretende modificar la disposición transitoria primera de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
El trámite de la “actual Propuesta de Ley” se encuentra en un periodo de enmiendas (sugerencias y propuestas de los diferentes partidos), para su elaboración. Una vez elaborado pasara al Congreso, después al Senado y volverá al Pleno del Congreso para su debate y posible aprobación, según informan desde la Plataforma Regularización YA.
Requisitos y beneficiarios
La iniciativa establece que se debe cumplir que “los extranjeros se encuentren en territorio español al menos antes del día 1 de junio de 1999 y que sean capaces de acreditarlo”. Para ello pueden confirmarlo si han solicitado en alguna ocasión el permiso de residencia o de trabajo o que lo hayan tenido en los últimos tres años.
No obstante, la idea del Gobierno es cambiar los plazos establecidos en ese párrafo y eliminar la última parte, sustituyéndola por el siguiente texto: “El Gobierno […] establecerá, en el plazo de seis meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes de día 1 de noviembre de 2021″.
Es decir, que los interesados en regularizar su situación en España son todos aquellos migrantes que entraron en territorio español antes del 1 de noviembre de 2021 y pueden acreditarlo con un permiso de residencia o de trabajo.
Por su parte, la portavoz de la Plataforma Regularización YA, Edith Espinosa, ha señalado que “continúan luchando y negociando con los partidos políticos para que esa fecha se amplíe hasta el día de la entrada en vigor de la iniciativa, ya que en los dos años que lleva en el aire, las cifras y las personas han cambiado notablemente”.
La propuesta está especialmente diseñada para que los beneficiarios sean los extranjeros menores de edad, las familias monoparentales, personas que no llegan al salario mínimo o aquellas que no lleven tres años viviendo en el país y, por tanto, no pueden regularizar su situación por vía ordinaria.
El proceso todavía no está del todo claro, pero los extranjeros que desean normalizar su situación tendrán que esperar a la fecha que marque la nueva normativa. Dicha comprobación la podrán acreditar con el sello de su pasaporte, un documento de fronteras o demostrando que han vivido en el país durante el determinado periodo de tiempo que indique la nueva ley.
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