
La vuelta de Carles Puigdemont a España ha estado desde el primer momento rodeado de incógnitas y preguntas sin respuestas. A las 09:00 ha aparecido, como había prometido, en un acto de su partido Junts per Catalunya en el que ha asegurado que estaba aquí “para recordarles que aún estamos aquí, porque no tenemos derecho a renunciar”.
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Tras casi media hora hablando en el Arc de Triomf de Barcelona había pocas dudas de que sería detenido en algún momento de la mañana, pero la historia ha tenido un nuevo giro de guion. Tras abandonar el escenario una comitiva del partido se ha dirigido al parlament para asistir a la investidura de Salvador Illa, pero Puigdemont no iba con ellos.
El expresident ha desaparecido ante la mirada de miles de agentes de los Mossos D’Esquadra, que más tarde han confirmado que se les ha escapado. En ese momento se ha dado inicio a la operación jaula con el objetivo de capturarle. En un primer momento el perímetro ha sido la ciudad de Barcelona, donde los agentes han vigilado todas las salidas por carretera de la ciudad.
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Disfrazado de anciano
Los Mossos han informado a diversos medios locales que no han podido captar al completo la matrícula del coche en el que ha entrado, lo que ha dificultado aún más el proceso. Algunas especulaciones dentro del cuerpo han llegado a apuntar a que el político se habría disfrazado de anciano, con una peluca y sentado en una silla de ruedas, para llegar sin ser reconocido a su vehículo, según ha informado el diario Crónica Global.
Al haber pasado el tiempo y no haber conseguido su detención, el área de vigilancia se ha ampliado a toda Cataluña. Según se ha podido ver en el directo de RTVE los agentes se están dedicando a abrir los maleteros de todos coches que circulan por las carreteras y obligando a los motoristas a quitarse el casco.
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A parte de las principales vías que llevan a la frontera, también se ha blindado los accesos del aeropuerto y el puerto de la capital catalana.
Las causas abiertas de Puigdemont
En el caso de ser localizado por los agentes, Puigdemont deberá de ser detenido en virtud de la orden de busca y captura que fue dictada por el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo y que mantuvo tras rechazar la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación por el que se le investiga. Después, las fuerzas de seguridad deberán trasladarlo a Madrid para su puesta a disposición del magistrado Llarena, que decidirá sobre su ingreso en prisión provisional.
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La pena básica por la comisión de este delito incluye prisión de dos a seis años e inhabilitación de seis a diez años. En casos agravados, las penas pueden aumentar a prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación de diez a veinte años, especialmente si el valor sustraído supera los 50.000 euros o si se causa daño al servicio público.
Sin embargo, del procés no es la única causa judicial pendiente para Puigdemont. El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha pedido al Tribunal Supremo -que todavía no se ha pronunciado-- que investigue al expresidente por los supuestos contactos con Rusia para lograr apoyos para el independentismo catalán, según informó Europa Press.
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Puigdemont también fue imputado el pasado mes de febrero por un presunto delito de terrorismo en el marco de la causa en la que se investigaba a la plataforma independentista ‘Tsunami Democràtic’. Sin embargo, el alto tribunal archivó la causa en julio después de que se declarase nulo todo lo actuado desde 2021 por un error de la Audiencia Nacional.
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