La Fiscalía ha decidido recurrir la citación de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, como testigo en la causa abierta contra su mujer Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El líder del Ejecutivo había sido citado por el juez Juan Carlos Peinado, magistrado del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que acordó desplazarse el próximo 30 de julio para interrogar a Sánchez. La petición de que esta entrevista se realizara fue formulada por las diferentes acusaciones populares, en las que se incluye la del partido de ultraderecha Vox.
Los motivos de la citación y sus consecuencias
“Se considera conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada, Pedro Sánchez Castejón”, justifica un escrito del viernes pasado y firmado este mismo lunes por el juez. De este modo, el titular del Juzgado podrá obtener más información sobre el posible tráfico de influencias de la mujer del presidente, “así como la posible relación de la persona investigada con una autoridad”.
Otro cambio introducido por el juez Peinado ha sido incluir a Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, como investigado en vez de testigo, agrandando hasta tres la lista de imputados con Begoña Gómez y Juan Carlos Barrabés.
En Infobae España consultamos con el abogado especialista en derecho penal, Juan Gonzalo Ospina, de Ospina Abogados, el cual explicó que el presidente “podría negarse a declarar” en base a lo estipulado en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que libera a los cónyuges, hermanos consanguíneos o uterinos y colaterales consanguíneos hasta el segundo grado de la persona investigada de testificar contra la misma.
Aún así, Juan Carlos Peinado ha ordenado que en la víspera de la posible testifical se instalen en La Moncloa los “dispositivos necesarios” para grabar la declaración de Sánchez. Un testimonio que, además, que no tocará cuestiones de las que pueda tener conocimiento por razón de su cargo, tal y como ha asegurado el juez, pese a que se trata de un caso de beneficios por contrataciones públicas.
Antes de conocerse el parecer de la Fiscalía, que ya se había mostrado en contra del proceso en numerosas ocasiones, incluso pidiendo que se archivara hace tres meses. Cabe destacar, al respecto, que los argumentos del juez para abrir la instrucción resultaron desde el principio insuficientes para el ministerio público, al que avalan además dos informes diferentes de la Unidad Central Operativa -órgano de la Policía Judicial de la Guardia Civil- que hayan descartado irregularidades en el proceso de la adjudicación de los contratos.
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