La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este martes que PSOE y Sumar han logrado un acuerdo para derogar la denominada ley mordaza, uno de los compromisos que mantenían los socialistas con sus socios de coalición.
España aprobó en 2015 la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la ley mordaza. Uno de los aspectos que han sido más criticados es el aumento de las sanciones administrativas por conductas como la falta de respeto a la autoridad, las protestas no autorizadas y la toma de fotografías a miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones.
La norma contempla multas que varían en funciones de su gravedad. Los delitos leves comprenden desde los 100 euros a los 600 euros, mientras que en el caso de las infracciones graves, de 601 a 30.000 euros. En el caso de las infracciones calificadas de muy graves, la multa puede ascender desde los 30.001 a 600.000 euros.
Por ejemplo, insultar a un policía puede conllevar multas de hasta 600 euros, mientras que organizar manifestaciones frente a instituciones públicas sin permiso puede ser sancionado con multas de hasta 600.000 euros.
Según explica Reguera Abogados en su página web, esta ley se distribuye en un trío de normas jurídicas que se complementan: la Ley Antiyihadista, la reforma del Código Penal y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Respecto a la tercera norma, la ley mordaza permite las devoluciones en caliente, una práctica que facilita la expulsión inmediata de migrantes que cruzan ilegalmente las fronteras, sin ofrecerles la oportunidad de solicitar asilo o recibir asistencia jurídica. Esta medida ha sido especialmente bajo el foco en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde se ha aplicado con frecuencia en la valla fronteriza con Marruecos. Por eso, partidos como Podemos han reclamado al gobierno que la derogación de la norma incluya la eliminación de esta práctica.
Ejemplos de la ley mordaza en España
La ley mordaza ha sido objeto de fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han denunciado que la ley vulnera derechos fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión y de información. Señalan que la vaguedad de ciertos artículos permite una interpretación arbitraria y excesiva por parte de las autoridades, lo que puede llevar a un uso desproporcionado y represivo de la ley.
En el ámbito político, la ley mordaza ha generado un intenso debate. Partidos de la oposición y movimientos sociales han calificado la ley como un instrumento para criminalizar la protesta y silenciar la disidencia. Argumentan que se trata de una respuesta desmesurada a las protestas masivas surgidas en España a partir del movimiento 15-M y las manifestaciones contra los recortes sociales y la austeridad económica.
Diversos casos han ilustrado las implicaciones prácticas de la ley mordaza. Uno de los más notorios fue el de una mujer multada por publicar en Facebook una foto de un coche de policía aparcado en una plaza de aparcamiento para personas con discapacidad, con el comentario “para que luego digan que la policía no es corrupta”.
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