Los policías heridos por Tsunami relatan su calvario ante el juez: “Temí por mi vida y ahora sufro estrés postraumático”

El último servicio de Ángel como agente de la Policía Nacional fue la noche del 18 de octubre de 2019, cuando se produjeron los altercados más graves de las protestas contra la sentencia del procés en Barcelona. Un adoquín de grandes dimensiones y lanzado desde lo alto de un edificio junto a la plaza de Urquinaona le produjo una fractura abierta en el antebrazo. Podía haber sido mucho peor. “Temí por mi vida”, ha dicho este martes a las puertas de la Audiencia Nacional.

Ángel y otro agente jubilado por incapacidad permanente como consecuencia de los disturbios han comparecido como testigos ante el juez Manuel García Castellón, que instruye la causa sobre Tsunami Democràtic, en la que está imputado por terrorismo el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

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Estos dos policías y un tercero también personado en el procedimiento, secundados por el sindicato Jupol, tuvieron que jubilarse de forma anticipada por las graves secuelas físicas y psicológicas que sufrieron por los ataques de los manifestantes independentistas. En una comparecencia que se ha prolongado durante aproximadamente dos horas, han pedido ante el juez que se les considere como “víctimas del terrorismo” y han relatado el calvario que han sufrido durante estos años.

Su declaración se produce a escasas dos semanas de la más que probable aprobación en el Congreso de los Diputados de la ley de amnistía, que obligaría al a archivar la causa de Tsunami Democràtic al estar bajo el paraguas de la nueva norma. “Prefiero no entrar en ese debate”, ha respondido el agente Ángel a preguntas de los periodistas.

Sí ha asegurado que temió por su vida y que aquella protesta fue una “salvajada”, nada comparable a otras en las que había intervenido en Galicia con los pescadores, en Asturias con los mineros o, incluso, en el País Vasco: “Nunca habíamos visto algo de tal magnitud”.

Ángel ha descrito ante el juez y ante los periodistas, visiblemente afectado, las secuelas que sufre desde entonces: “Todos los días, según me levanto y me meto en la ducha, veo una cicatriz de 18 centímetros en mi antebrazo. No se puede olvidar eso así como así”. En ese momento, el agente jubilado ha tenido que detener su atención a los medios de comunicación. Segundos antes, había explicado que sufre “estrés postraumático”.

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El segundo testigo, que prefiere mantener su anonimato, ha descrito ante el juez el “drama familiar” que le supuso que su identidad se hiciera pública después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le hicieran una visita en el hospital donde estuvo ingresado, según ha explicado el abogado Jose María Fuster-Fabra. El agente vivía en Cataluña y, a raíz del “bullying” que padecieron sus hijos, tuvo que cambiar de domicilio. También ha afirmado que los manifestantes “querían que hubiera un muerto”.