La nueva legislación europea contra la trata de personas llega tarde, pero supone un avance: “Unifica criterios en todos los países”

Más de 7.000 personas caen cada año en redes de trata y explotación de seres humanos en Europa, principalmente mujeres, lo que convierte a este negocio ilícito en el tercero que más dinero mueve después del tráfico de drogas y armas. De ahí la importancia de que el Parlamento Europeo haya aprobado este martes una legislación para luchar contra la trata de seres humanos y proteger mejor a las víctimas, una nueva ley que aunque “llega tarde”, según indica la organización Acción contra la Trata, “supone un avance importante al unificar criterios” de actuación.

“Es importante que se apruebe esta legislación porque sirve para unificar criterios, pues no todos los países europeos están trabajando de la misma manera o entienden estas violencias de la misma forma y hay que tener en cuenta que el fenómeno de la trata de personas es global y se traspasan fronteras muy fácilmente”, dice a Infobae España Alicia Giménez, coordinadora de la organización. “Por eso se trata de un paso muy necesario y muy bienvenido”, añade la activista.

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La ampliación de las medidas en vigor busca extender la acción europea más allá de la explotación laboral y sexual y para ello tipifica como delitos el matrimonio forzoso, la adopción ilegal y la maternidad subrogada para explotación reproductiva, aunque en este último caso solo se sancionará a quienes coaccionen o engañen a las mujeres para que actúen como vientres de alquiler.

La nueva norma, que también busca reducir la demanda de prostitución, “refuerza la coordinación entre las autoridades de lucha contra la trata y las responsables de la gestión del asilo para que las víctimas que requieran protección internacional reciban apoyo adecuado y se garantice su derecho al asilo”, según indica el Parlamento Europeo en un comunicado. Asimismo criminaliza el uso de servicios ofrecidos por una víctima de trata cuando el usuario es consciente de la explotación e introduce sanciones para las empresas condenadas por delitos de trata, de forma que pueden quedar excluidas de concursos públicos y del acceso a ayudas públicas.

La legislación también da a los fiscales la posibilidad de no enjuiciar a las víctimas por actos delictivos que fueron obligadas a cometer, asegura la institución europea, y garantiza que las víctimas reciban apoyo “independientemente de que cooperen con las investigaciones o no”. Los jueces también podrán considerar la difusión de imágenes o videos de contenido sexual como circunstancia agravante a la hora de dictar sentencias.

“Primero hay que reconocer sus derechos”

Desde Acción contra la Trata consideran especialmente relevante que se reconozca a las víctimas “incluso cuando no existe colaboración policial” y que se garanticen sus derechos y protección. “Es algo que necesitamos y que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, porque hasta la fecha sólo se reconocen los derechos de las víctimas cuando estas denuncian y cuando la policía considera que colaboran, en el sentido de favorecer su protección o la posibilidad de regularizar su situación. Creemos que es más importante que la protección de sus derechos venga primero”, sostiene Giménez, que explica que en muchas ocasiones las mujeres no denuncian por miedo o incluso no son conscientes de estar en una situación de trata.

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De las más de 7.000 víctimas de trata que se registran cada año en Europa, más de 1.000 casos tienen lugar en España, que no solo es uno de los principales países de destino, sino que también es lugar de origen y tránsito para muchas niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad. A falta de que se publiquen los datos de 2023, la Policía Nacional y la Guardia Civil identificaron un total de 1.180 víctimas de trata y explotación de seres humanos en 2022 y, de ellas, el 53% eran mujeres, incluyendo 26 menores de edad.

Sin embargo, desde las organizaciones que acompañan a las víctimas de trata y explotación sexual advierten de que el número de personas afectadas es en realidad mucho más elevado. “Esos datos son solo la punta del iceberg, porque normalmente el gran porcentaje de víctimas queda soterrado, precisamente porque no denuncian o porque no se reconocen como víctimas”, indica Giménez.

Víctimas españolas en situación de vulnerabilidad

Aunque los métodos que utilizan los traficantes para captar a sus víctimas van cambiando, las redes sociales son una de las principales vías, a menudo a través de engaños de supuestos novios y promesas laborales falsas. En muchas ocasiones las mujeres llegan a España procedentes de países de América Latina o del Europa del este, “pero también lo estamos viendo con jóvenes españolas que se encuentran en situaciones vulnerables, bien porque necesitan dinero o porque están sufriendo algún tipo de carencia y se les ofrece esa salida para obtener dinero de forma rápida”, dice la activista.

Por todo ello, Giménez destaca la importancia de proyectos como los que está llevando a cabo Navarra, comunidad autónoma que desde 2018 considera a las mujeres que ejercen la prostitución como víctimas de violencia, pues no solo “permite dotar de derechos a las mujeres para que no se las criminalice, sino que pretende darles alternativas y apoyo a quien decida dejarlo, como puede ser acceder a una renta garantizada y así disponer al menos de un primer dinero para poder salir adelante”, además de ofrecer oportunidades para estudiar o para regularizar su situación.