
El 26 de marzo de 2019, el Ayuntamiento de Barcelona colocó una placa a escasos metros del edificio de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, la comisaría de Via Laietana. “Memoria de la represión” era el mensaje que se podía leer una inscripción que señala al edificio que hoy acoge a la Policía Nacional como el epicentro de la “represión política” en Barcelona durante el franquismo.
Apenas siete meses después, la comisaría fue el origen de la bautizada como “batalla de Urquinaona”. La noche del viernes 18 de octubre de 2019 registró los disturbios más graves de las protestas por la sentencia del procés. Unas seis horas de enfrentamientos entre los manifestantes, alentados por Tsunami Democràtic, y los policías de las Unidades de Intervención Policial (UIP), que se saldaron con decenas de agentes heridos, dos de ellos prejubilados por la gravedad de sus secuelas.
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No era la primera vez que los independentistas más violentos asediaban la sede de la Jefatura Superior de Policía. “Para ellos es un símbolo de la represión del Estado español”, dice en conversación con Infobae España uno de los agentes enviados a Barcelona durante las protestas.
Este miércoles, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se comprometió, tras reunirse con el alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, a hacer de la comisaría de Via Laietana un “lugar de memoria” como contemplaba la ley de Memoria Democrática de 2022 y como aprobó el Congreso en 2017. Sin embargo, el Gobierno no se plantea por el momento que la Policía pueda abandonar el edificio.

Un memorial y una comisaría, ¿a la vez?
La noticia ha sido recibida con indignación en el seno de la Policía Nacional. El sindicato Jupol ha convocado una concentración frente a la comisaría de Via Laietana el próximo 25 de abril. “Es el primer paso para el desalojo definitivo de la Policía Nacional de Cataluña que pretenden los partidos independentistas, además de un nuevo ataque al Cuerpo”, denuncia el sindicato.
Hugo del Prado, delegado de las UIP de Jupol, fue uno de los agentes que estuvo en primera línea durante los incidentes del 1-O y las protestas de octubre de 2019. Preguntado por la posibilidad de que sus compañeros en Cataluña compartan comisaría con un “museo de la tortura”, su respuesta es contundente: “Es la última humillación”.
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Ante un escenario en el que la Policía tuviese que abandonar el número 43 de la Vía Laietana, afirma que sería en beneficio de “la memoria de unos pocos” y espera que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “no ceda” a la “expulsión” de la Policía Nacional de Cataluña.
Otro agente consultado por Infobae España formó parte del dispositivo que aseguró la Jefatura Superior de Policía ante el cerco de los independentistas la noche del 18 de octubre. “Estuve 23 horas de servicio, más de seis recibiendo pedradas que me destrozaron el casco”. Califica como “indignante” la creación de un espacio de memoria en el mismo lugar donde varios de sus compañeros estuvieron a punto de perder la vida.
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