El Tribunal de Cuentas de la UE detecta que los ‘lobbies’ pueden pasar “bajo el radar” de la transparencia pese al Qatargate

En diciembre de 2022 se conocieron los primeros detalles de una trama investigada por la policía belga por supuestos sobornos de Catar y otros países a miembros del Parlamento Europeo con la finalidad de influir en decisiones políticas. La principal señalada fue una de las entonces vicepresidentas del organismo, la socialista Eva Kaili, y el escándalo puso en duda el sistema de transparencia de los grupos de presión de la UE. En consecuencia, el Parlamento adoptó a lo largo de 2023 una serie de medidas para endurecer la normativa y mejorar el Registro de Transparencia, pero una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo publicada este miércoles detecta que persisten muchas de las debilidades.

“La actividad de los grupos de presión sobre los legisladores de la UE sigue escapando a los mecanismos de control” resume el Tribunal en un comunicado. “Su actividad no es lo suficientemente transparente y puede dar lugar a influencia indebida, competencia desleal o incluso corrupción”, advierte el informe. Se trata de la primera auditoría de gran envergadura desde que el registro se puso en marcha en 2011 y el resultado mantiene un tono “bastante crítico”, según ha reconocido Jorg Petrovic, miembro del Tribunal, en una rueda de prensa.

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El principal objetivo de la auditoría es analizar si el registro de grupos de presión es útil a partir de datos extraídos en octubre de 2022, aunque también tiene en cuenta las nuevas medidas puestas en marcha de cara a establecer las recomendaciones. Los hallazgos señalan tanto carencias informativas como escasa fiabilidad de la información que aparece en el registro, por lo que muchos datos “están escondidos al ojo público”. “Los lobbies pueden pasar bajo el radar”, asegura Petrovic.

La inscripción en el registro es una “condición previa necesaria” para que un lobby lleve a cabo determinadas acciones de representación de intereses en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, pero hay muchos contactos que, en la práctica, se quedan fuera de esta exigencia. Según el informe, los ‘lobbies’ solo deben registrar las reuniones y actividades acordadas, pero no los contactos “espontáneos”. Por ejemplo, las llamadas, los correos y los encuentros no programados no se consideran reuniones. De tal manera que “los grupos de presión pueden evitar que se registren una serie de interacciones a través de las cuales aún pueden influir en los legisladores de la UE”, detalla el Tribunal. Según Petrovic, estas interacciones “es necesario que también sean registradas”.

El informe desvela hasta donde llegó la laxitud de este requisito de registrar los encuentros. Permitió que una ONG implicada en el Qatargate organizara en junio de 2022 una conferencia con los servicios del Parlamento en la propia sede de la institución sin estar inscrita en el registro. Tras descubrirse el escándalo de los sobornos, el Parlamento ha modificado el reglamento y desde julio de 2023 ya es condición previa el registro para que un ‘lobby’ organice una conferencia. El hecho de solicitar la adhesión al mismo implica obligaciones de transparencia financiera, aunque no todas se cumplen.

Otro de los “puntos ciegos en transparencia” se produce porque ninguna de las tres instituciones que aplica el registro obliga a extenderlo a ‘lobbies’ que se quieran reunir con personal de un rango inferior al nivel de director general. Por esta regla quedaban excluidas, por ejemplo, las reuniones individuales con los diputados del Parlamento y con otro personal. Desde noviembre de 2023 los parlamentarios sí deben publicar esta información como consecuencia de una de las normativas aprobadas tras el Qatargate, pero lo hacen en webs distintas a las del registro. El informe afirma que, pese a este refuerzo, “existen escasos mecanismos internos de control para determinar si, en la práctica, los miembros y el personal exigen a los grupos de interés que se inscriban en el registro antes de reunirse con ellos”.

Mala calidad de los datos inscritos

En la auditoría se detectan “problemas de calidad en los datos” del Registro de Transparencia, como duplicación de inscripciones, datos financieros incoherentes o incompletos y ausencia de datos obligatorios. El fallo más grave detectado es en la información sobre las subvenciones que los grupos de presión reciben de la UE y que deben estar declaradas en el registro. El Tribunal de Cuentas concluye que en el 95,5% de los 135 casos analizados los datos de subvenciones reportados “no concordaban con los datos conservados en el sistema contable de la Comisión”.

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Por otra parte, los ‘lobbies’ pueden autodeclarar la categoría a la que pertenecen, la cual determina sus requisitos de información financiera, lo que provoca deficiencias en el registro. “Existe riesgo” de que los declarantes financiados por terceros (por ejemplo, ONG) eviten revelar información financiera declarando que solo representan sus propios intereses o los intereses colectivos de sus miembros. Alrededor de un tercio de los que se clasificaron como ONG, plataformas, redes y similares (1.207 de 3.529) declararon este aspecto y no revelaron su apoyo financiero ni la financiación recibida.

Sin sanciones

El Registro de Transparencia de la UE y sus exigencias asociadas no se engloban en un acto legislativo con fuerza ejecutiva, por lo que no existen sanciones si los ‘lobbies’ incumplen sus requisitos y los principios del código de conducta. La principal medida de castigo disponible es solo la de cancelar la inscripción en el registro. El informe calcula que entre 2019 y 2022 un promedio de 990 grupos de presión fueron cancelados al año después de realizarse controles de calidad o porque no actualizaron a tiempo su inscripción.

Sin embargo, solo seis de estos grupos de presión fueron cancelados del registro por quejas o investigaciones y uno de ellos tiene prohibido volver a inscribirse. Los auditores no han querido revelar el nombre de ese ‘lobby’ ni las razones concretas por las que han sido suspendidos los otros cinco. Antes de julio de 2025 el sistema de transparencia debe ser revisado, por lo que el Tribunal espera que se tengan en cuenta lo señalado en su informe.