El Supremo condena a Castilla y León por el retraso en el diagnóstico de un hombre que murió por un cáncer de vejiga

El Tribunal Supremo ha condenado a la Sanidad de Castilla y León (SACYL) a indemnizar a la familia de un hombre fallecido tras no ser atendido en la sanidad pública de un cáncer de vejiga que le fue diagnosticado. El hombre, de 72 años, no recibió fecha para su tratamiento tres meses después de haber recibido los resultados de una biopsia donde confirmaron la existencia de la enfermedad, tuvo que acudir a la sanidad privada y falleció.

La historia, que tuvo lugar en 2017, se ha resuelto con la sentencia de que Segurcaixa Adeslas S.A., la aseguradora del sistema de salud de Castilla y León, deberá abonar un total de 55.000 euros a la familia tras reconocerse la mala praxis al retrasar la atención médica del hombre.

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La sentencia original, emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, es clara y concluye que “se privó al paciente de la oportunidad de obtener un tratamiento en las mejores condiciones posibles y quizás hubiera podido prolongar su supervivencia”, según reza el documento al que ha tenido acceso Infobae.

El escrito del tribunal autonómico establece un nexo de causalidad entre la demora en el diagnóstico y el empeoramiento del paciente y reconoce que el hombre acudió a la sanidad privada tras no recibir citación por parte de las entidades públicas. De este modo, la sentencia establecía una indemnización de 25.000 euros para la mujer del fallecido y 15.000 para cada uno de los hijos.

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Por otra parte, la Asociación El Defensor del Paciente, que llevó la defensa de los afectados, asegura pone el foco en las deficiencias de la sanidad pública: “Debido a las largas listas de espera, hubo un retraso muy importante en el diagnóstico y tratamiento, favoreciendo la extensión y progresión de la enfermedad que le condujo al fallecimiento”, arguyen en un comunicado.

Los protocolos establecen que una vez diagnosticado un cáncer de vejiga no pueden pasar más de tres meses sin recibir atención sanitaria, cosa que no pasó en este caso. Pese a todo, el Gobierno de la región, en manos del PP y de Alfonso Fernández Mañueco, es de las que más euros invierte por paciente. Los últimos datos explicaban que el gobierno local invierte 1.999,38 euros por paciente, por encima de la media nacional (1,906.29) y muy lejos de otras como la Comunidad de Madrid (1.468 euros) o Cataluña (1.576,44). Sin embargo, no alcanza la inversión en Atención Primaria óptima según la OMS, que debería rondar el 25% del total de los presupuestos totales.

Desde 2020, con la irrupción de la pandemia de coronavirus, las listas de espera han engordado y se han dejado sin atender un total de nueve millones de consultas de Atención Primaria y dos millones de cirugías que tendrían que haberse realizado hasta 2022

En junio de 2023, unos 819.964 pacientes esperaban una intervención quirúrgica no urgente, 115.000 más que antes de la pandemia, aunque con un tiempo de espera ligeramente inferior (con una media de 112 días, tres días menos que en junio de 2019). En esa fecha entraban además en la lista de espera quirúrgica 1,5 millones de personas (cifra récord del periodo estudiado) y salían de ella 1,25 millones, dejando un diferencial de 250.000 pacientes sin contabilizar solo en ese periodo.