La Audiencia Nacional ha otorgado a la conocida empresa de reparto Glovo una medida cautelar que suspende temporalmente el pago de sanciones administrativas que suman un total de 1.936.036,71 euros. Esta acción se toma en consideración ante las serias repercusiones económicas que las multas podrían implicar para la compañía, que ha reportado unas pérdidas estimadas en 209 millones de euros para el actual ejercicio fiscal.
La decisión, que fue emitida el 23 de enero pero se hizo pública recientemente, responde al recurso de apelación interpuesto por Glovo contra las dos multas impuestas por la Tesorería General de la Seguridad Social en mayo de 2022, cuyos montos ascienden a 763.786,71 euros y 1.172.250 euros, respectivamente. La Audiencia Nacional, al evaluar la situación, concluyó que la ejecución inmediata de estas sanciones causaría “perjuicios de especial importancia y de difícil reparación” a la empresa, afectando de manera significativa su solvencia y liquidez.
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Entre los argumentos presentados por Glovo, destaca su incapacidad para generar flujos de efectivo positivos tras haber registrado pérdidas considerables en ejercicios anteriores. La compañía también ha señalado un fondo de maniobra negativo de 20 millones de euros, lo que indica problemas de liquidez a corto plazo. Adicionalmente, ha mencionado el desfavorable clima macroeconómico y las altas tasas de interés como obstáculos significativos para obtener financiación externa. Las entidades financieras españolas, según Glovo, han reducido o eliminado créditos previamente ofrecidos a la empresa.
Otro punto crítico en la apelación de Glovo ha sido la situación de su socio alemán Delivery Hero, cuya cotización en bolsa ha experimentado una caída notable, complicando aún más las perspectivas de financiación de la empresa española.
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La Audiencia Nacional, en su fallo, ha reconocido la relevancia de estas preocupaciones y ha decidido otorgar la suspensión solicitada por Glovo. Sin embargo, esta medida no exime a la compañía de responsabilidades; se le ha exigido la constitución de una “caución o garantía por cuantía equivalente al interés económico en litigio más los intereses que la suspensión pudiera originar”. Esta condición busca salvaguardar los intereses públicos comprometidos, anticipando que, si en etapas futuras del litigio se determina que Glovo debe realizar el pago de las multas, los recursos estarán debidamente asegurados.
La relevancia de este caso radica no sólo en la significativa suma económica involucrada, sino también en la creciente atención sobre las prácticas laborales y de operación de las empresas de economía gig, como lo es Glovo. Las implicaciones de esta sentencia tienen potencial para influir en futuras regulaciones y en la industria en general, marcando un precedente en la manera en que las autoridades gestionan las sanciones financieras contra este tipo de compañías.
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