Ordenan el desahucio de una mujer en Madrid mientras está ingresada en el hospital pendiente de una cirugía

*Tras la publicación de este artículo, se anunció la suspensión del desahucio

“La doctora ha alucinado”, dice desde la habitación donde está ingresada. Rosa, de 47 años, puede quedarse sin casa mientras está ingresada en el hospital. Ocupa una cama del Hospital Universitario 12 de Octubre y este martes se le ha realizado una cirugía para extraerle la vesícula y parte del hígado. Mientras se recupera con un incómodo posoperatorio, los dueños de la vivienda ubicada entre los madrileños barrios de Usera y Villaverde, han decidido ejecutar su desahucio por impago, que se producirá este viernes.

La mujer no tiene alternativa habitacional y el Real Decreto que suspende los desahucios a familias y personas vulnerables aquí no se aplicará. Rosa será desahuciada si la Unión de Créditos Bancarios (UCI), propietarios del inmueble, no cambia de parecer. La UCI es una entidad financiera especializada en financiación hipotecaria que, en sus propias palabras, cuenta “con el apoyo” de Banco Santander y BNP Paribas.

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“Necesito una vivienda para mi recuperación. Estoy con un drenaje y no puedo ir a un albergue en estas condiciones, me da miedo infectarme”, lamenta la mujer durante una llamada telefónica con Infobae. La mujer ha solicitado la paralización del desahucio y ha presentado un certificado de vulnerabilidad, pero nadie ha escuchado sus demandas. El pasado lunes, antes de ingresar en el hospital para ser operada, intentó sin éxito los trámites pertinentes con la Justicia.

La compañía dueña de la vivienda es un conglomerado de varias empresas, entre las que están Compracasa e Hipotecas.com entre otros. Infobae se ha puesto en contacto con la entidad para conocer los motivos del desahucio y la versión de los propietarios, pero el intermediario que gestiona este desahucio ha rechazado hacer valoraciones por teléfono y no ha respondido a las preguntas enviadas por escrito.

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Rosa vive en el domicilio desde 2006, cuando comenzó a pagar un alquiler a un dueño al que, en 2012, embargaron la casa. La UCI adquirió la propiedad y la mujer asegura que nunca nadie de la empresa se puso en contacto con ella. Sin más noticias, siguió residiendo en ella hasta que le ha llegado la orden de desahucio. Un desajuste de gestión y comunicación que los propietarios de la vivienda no han querido explicar a este medio.

La mujer ha dedicado toda su vida a la limpieza de portales y casas por cuenta ajena y ahora dedica los domingos a atender y cuidar a una persona mayor de su barrio. Sus ganancias son mínimas y no recibe ningún tipo de ayuda o subvención para completar sus ingresos. Si no trabaja, no ingresa, y había logrado que otro vecino contratase sus servicios, pero la hospitalización ha pospuesto el trabajo.

“Que me hagan contrato y yo pago alquiler”, asegura Rosa, que quiere cooperar para evitar el desahucio, pero que no ha obtenido respuesta conciliadora. En lugar de pactar un alquiler social, los propietarios podrán alquilar la casa por unos 1.000 euros al mes, precio al que está el mercado inmobiliario en la zona donde está la vivienda, que cuenta con tres habitaciones y terraza. Tras los últimos datos publicados en enero, el precio de la vivienda en España se encareció otro 3,3% en enero, una nueva subida que, sin embargo, es la menor desde septiembre de 2021.

Los médicos creen que Rosa tardará unos días en abandonar el hospital e incluso existe la posibilidad de que para su fecha de alta ya no haya casa a la que volver. Mientras, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha convocado movilizaciones para el viernes día 9, fecha programada para la toma del domicilio. “¿Dónde me voy si tengo una bolsa al costado?”, dice con preocupación sobre su futuro. El Gobierno del PSOE y Sumar anunció la paralización de desahucios vulnerables, pero Rosa cuenta los minutos para impedir el suyo y no verse con un gotero colgado en la cama de un albergue.