
El exconseller de la Generalitat de Cataluña Miquel Sàmper se ha dado de baja de militancia de Junts después del rechazo de su partido a la ley de amnistía debatida y votada en el Congreso de los Diputados el martes. Según ha avanzado La Vanguardia, su decisión se debe a “la brecha ideológica y de formas” que en estos momentos le separa de la hasta hoy su formación.
Sámper llegó al partido como alcaldable por CiU en Terrassa en 2015 y repitió en 2019. También fue diputado en la Diputación de Barcelona. Ocupó la cartera de Interior en el Govern de Quim Torra entre septiembre de 2020, en sustitución de Miquel Buch, hasta mayo de 2021. Terminada esta responsabilidad, regresó a la abogacía. En 2022 se incorporó a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, cargo que le impidió ser parte de la ejecutiva de Junts, para la que fue propuesto en el congreso de Argelers (Francia) por Laura Borràs.
El dirigente lo ha comunicado enviando una carta a la dirección de Junts en la que expresa sus discrepancias. El detonante, como se ha mencionado, el ‘no’ a la ley de amnistía, pero no solo eso. La fuerza de Carles Puigdemont está echando un pulso al Gobierno, cambiando las reglas del juego a medida que se suceden autos que implican bien por supuesto terrorismo o bien por supuesta traición al expresident fugado.
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Problemas en Junts
Y Junts en estos momentos no es un bloque. Hay discrepancias sobre la estrategia. Sin embargo, Sàmper ha sido el primero que, si no verbalizándolo públicamente, ha actuado en consecuencia. Cabe recordar que la fórmula que pudiera haber aprobado el Congreso de no ser por Junts podía amnistiar a más de 1.000 encausados por supuestos delitos relacionados con el referéndum ilegal del 1-O. A todos menos principalmente a uno.
Y por salvar a Puigdemont la norma se retrasa y complica, lo que no ha caído bien en sectores del partido, apunta La Vanguardia, ya tensionado estos meses atrás. Menciona los casos de las diputadas Aurora Madaula, de baja médica tras denunciar “violencias silenciosas” de compañeros y amonestada por la dirección del partido, y de Cristina Casol, que ha sido expulsada del grupo parlamentario.
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Junts está estirando la cuerda, complicando la gobernabilidad, pero también la propia amnistía, haciéndola el centro de la legislatura. El texto que votó el Congreso queda en papel mojado tras el pronunciamiento de Manuel García-Castellón y los independentistas exigen que la amnistía sea integral, es decir que esquive cualquier auto futuro referido a las fechas anteriores y posteriores al 1-O. Así lo expresó la portavoz, Míriam Nogueras, en una intervención en la que cargó contra los jueces.
La amnistía por tanto sigue en el Congreso, con nuevos plazos. En el aire unos nuevos presupuestos del Estado y, por ende, la estabilidad del actual periodo legislativo. En el marco de este panorama incierto, Pedro Sánchez no contempla la posibilidad de convocar elecciones. De hecho, aunque quisiera, tampoco podría. Al menos hasta mayo.
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