España atiende las peticiones de asilo en 60 idiomas: una hora de intérprete cuesta 63 euros

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior recibió 163.218 solicitudes de protección internacional en 2023, un 37% más que en el año anterior y la mayor cifra desde la creación de esta oficina en 1992. Estas cifras sitúan a España como el tercer país receptor de protección internacional en la Unión Europea. La situación actual que se vive en el aeropuerto madrileño de Barajas, donde las instalaciones que acogen a los migrantes que solicitan asilo están desbordadas, vaticinan que el ritmo de peticiones no va a frenar con la llegada de 2024. De hecho, este jueves el ministerio del Interior ha anunciado que ha habilitado una nueva sala (la cuarta) para atender a los solicitantes de asilo.

España reconoce que desde 2009 la ley que regula el asilo internacional recoge en su artículo 1 el derecho de los nacionales de países no comunitarios y apátridas a solicitar la protección internacional. Para posibilitar el ejercicio de este derecho, esta ley establece una serie de garantías, entre las que se encuentra la asistencia de intérprete a los solicitantes de protección que no comprenden el español. Una asistencia que además debe ser gratuita siempre que se desconozca el idioma español por el solicitante extranjero.

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El ministerio del Interior adjudicó en mayo de 2022 por 2,36 millones de euros el último contrato del “Servicio de interpretación y traducción para la Subdirección General de Protección Internacional (Oficina de Asilo y Refugio)”. “En el ejercicio de la solicitud del derecho de asilo, el entendimiento entre el solicitante y la Administración Pública resulta imprescindible para poder conocer con exactitud las razones por las que se solicita tal protección de las autoridades españolas”, señala la memoria justificativa de este contrato. “El intérprete solicita así que el interesado pueda expresarse en su lengua y que la Administración entienda con precisión lo manifestado por aquel”.

Interior reconoce que la Oficina de Asilo y Refugio solo cuenta con dos intérpretes en plantilla, por lo que hay una “necesidad clara, directa y proporcional de recurrir a la contratación para la prestación de este servicio”. Una necesidad que se fundamenta no solo en el volumen de interpretaciones, sino también en la diversidad de idiomas que hablan los solicitantes de protección internacional, debido a sus diferentes procedencias. Ya en 2002 Interior identificó solicitantes de asilo de 126 países diferentes, “siendo necesario interpretar o traducir hasta en 59 idiomas diferentes”.

Por todo lo anterior, señalan en Interior, para garantizar el funcionamiento del sistema con unas garantías mínimas para las personas solicitantes es imprescindible que el servicio de traducción e interpretación sea prestado con garantía de continuidad, cumpliendo los estándares de calidad adecuados y con disponibilidad suficiente de efectivos. “Hay que señalar que desde el inicio del año 2016 hasta finales de 2021 se ha producido de manera continuada un incremento de solicitantes que requieren de interpretación en relación con las previsiones de años anteriores”, principalmente en el puesto fronterizo de Beni-Enzar, en Melilla, y en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid. Eran previsiones de 2021. Los temores se confirmaron con las solicitudes que llegaron en 2022 y 2023, años en los que se batieron todos los récord.

Actualmente, Interior paga por los intérpretes en función del tiempo que los utiliza. Una entrevista con un solicitante que dure menos de media hora se abona a 15,78 horas. Si el encuentro dura entre 30 y 60 minutos el precio sube a 63,11 euros. Entre una y tres horas se paga a 90,23 euros. Entre tres y cinco horas la tarifa ya asciende a 139,7 euros. Toda hora que exceda de esas cinco horas se factura a 27 euros. Si hay que traducir o escribir documentos en otras lenguas el precio por palabra es de 0,07 euros.

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La empresa adjudicataria, que fue Ofilingua-Seprotec debe suministrar intérpretes que hablen árabe, francés, inglés, ruso, albanés, alemán, amhárico, armenio, azeri, bambara, bangla, bosnio, chichewa, chino mandarín, cingalés, coreano, criollo (inglés y francés), criollo haitiano, dari, diola, edo, ewe, fang, farsi, fulani, fur, georgiano, hassanía, hausa, hindi, igbo, italiano, japonés, kinyaruanda, kongo, kurdo kurmanyi, kurdo sorani, lingala, mandinga, mongol, more, nepali, pashto, punjabi, portugués, rifeño-tarifit-chelja, rohinga, senufo, serbocroata, somali, soninké, susu, suahili, tailandés, tamazight, tamil, tibetano, tigré, tigriña, turco, twi, ucraniano, uigur, urdu, vietnamita, wolof y yoruba.

Además de las lenguas enumeradas, también están incluidos en la prestación de este servicio los lenguajes especiales para personas con discapacidad auditiva. Los últimos datos completos revelan que solo se requiere un servicio de intérprete para el 14% de los solicitantes. Interior quiere renovar este contrato y el 5 de enero licitó una nueva adjudicación para los dos próximos años, por los que piensa pagar 1.194.078 euros en 2024 y 1.049.341 euros en 2025. En 2023 se produjeron una media de 1.298 servicios mensuales, por debajo de las previsiones que se habían realizado. “Sin embargo, la importancia del servicio, el creciente número de solicitudes de protección internacional y temporal, y la búsqueda de brindar a los solicitantes una calidad excelente, no permiten que nos relajemos. Es, precisamente, el afán de mejorar el servicio el que nos empuja a incluir un proceso de preparación al entrevistador, tasado en tiempo entre 10 y 30 minutos”, destaca el nuevo pliego.