La Fiscalía del Supremo acuerda investigar a Santiago Abascal por sus palabras sobre “colgar por los pies” a Pedro Sánchez

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto diligencias de investigación penal contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, por sus palabras sobre “colgar de los pies” al presidente. El líder de extrema derecha hizo estas declaraciones en una entrevista desde Buenos Aires, en el marco de la toma de posesión del ahora presidente argentino, Javier Milei.

“Yo tengo unos principios. No puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno. Puede pisar las leyes, puede hacer cualquier cosa, puede poner en riesgo la unidad nacional. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies”, dijo. Y, lejos de retractarse, publicó posteriormente un audio de la entrevista en la que hace estas afirmaciones. Estas palabras motivaron la denuncia del PSOE contra Abascal y el partido que lidera por su “clara incitación directa al odio y la discriminación”.

Te puede interesar: Pedro Sánchez ve de “extraordinaria gravedad” las palabras de Abascal sobre “colgarle de los pies”: “Aquí hay insultadores e insultados”

“La actuación objeto de denuncia puede tipificarse dentro de las conductas previstas, en relación con unos determinados pensamientos ideológicos y políticos, el socialismo, representado por esta formación que presenta denuncia. Dirigiéndose directamente a sus representantes en las instituciones, especialmente el presidente del Gobierno de la Nación y secretario general del Partido Socialista”, estima el texto legal remitido el pasado 13 de diciembre ante la Fiscalía General del Estado.

Los socialistas consideran que Abascal atacó la “dignidad” de Pedro Sánchez y sus palabras suponen “incitación mediante su justificación a la violencia” frente a Sánchez por su “pertenencia a un colectivo, al PSOE, su ideología socialista y de izquierdas”, en relación a otro extracto de la entrevista en el que el líder de Vox dice: “No sé si llamarles zurdos de mierda, si llamarles canalla o como calificarlos”.

Te puede interesar: De Davos a A Coruña: Sánchez reforzará su discurso ideológico para hacer frente a la ola ultra

“De ello cabe concluir que, aunque la libertad ideológica y la libertad de expresión protegen la libre expresión de las ideas, incluso rechazables y molestas para algunas personas, en ningún caso tales libertades pueden dar cobertura al menosprecio y el insulto contra personas o grupos, o la generación de sentimientos de hostilidad contra ellos, constituyendo por ello, delitos de odio”.

“No cabe desconectar la entrevista del momento de una grave agitación política”

En otro orden de cosas, el PSOE explica que las manifestaciones objeto de denuncia “van mucho más allá del derecho al honor” del presidente del Gobierno, del propio partido, de los miembros del Gobierno o, incluso, de la institución que representan. Son “una grave quiebra de la convivencia y del orden constitucional, incitación al odio, e incluso a la violencia, y la discriminación por motivos ideológicos”. El partido vincula además estas actuaciones a los ataques a las sedes socialistas, especialmente la ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

Te puede interesar: Gorras, camisetas y campamentos de verano ‘ultra’: el negocio detrás de Revuelta

Tras la denuncia, la Fiscalía del alto tribunal acuerda incoar diligencias de investigación penal. Según ha tenido acceso Infobae España, dada la condición de aforado de Abascal, el decreto de incoación determina que la competencia para la instrucción y enjuiciamiento de la causa corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El texto, firmado por la teniente fiscal del alto tribunal, María Ángeles Sánchez Conde, señala que “no es el momento de realizar una afirmación concluyente acerca de dicha tipificación ni de minimizar las dificultades que pueden presentarse para subsumir los hechos en dicho tipo penal”. En este sentido, recuerda que la jurisprudencia del Supremo exige que para que exista una incitación al odio, “la conducta ha de representar un peligro cierto de generar un clima de hostilidad y violencia” a determinados grupos, que según el alto tribunal, no serían en principio los partidos políticos.

El decreto habla de concretar el contexto de la entrevista para ver “si concurre o no la inviolabilidad de la que gozan los diputados en sus manifestaciones en el ejercicio de sus funciones”. Tras ello, deberá analizarse si estas declaraciones están amparadas por la libertad de expresión que “goza de unos espacios muy amplios en la crítica política”.

Por otro lado, dado que la entrevista ocurrió en Argentina, “debe acreditarse que tales hechos son punibles en dicho país”. Por lo demás, “no cabe desconectar la entrevista” del “momento de una grave agitación política, en la que asociaciones y grupos de personas de ideología afín” a Abascal, que constituyen la marca juvenil de Vox, como Revuelta, “han promovido una multitud de incidentes violentos” contra las sedes del PSOE.

De hecho, el texto precisa que el líder ultra asistido a esas concentraciones, que “han terminado en ocasiones con enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad” a las que el líder de Vox “ha pedido que no obedezcan a sus mandos”.