La ‘Casita’ de siete habitaciones cuidada por un matrimonio a la que Ayuso se ‘retira’ a trabajar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió reunir este lunes a sus consejeros en un lugar muy especial con el objetivo “de preparar las principales acciones que desarrollará su Gobierno en 2024″. Se trata de una residencia de 1.460 metros cuadrados que el Ente Público Canal de Isabel II tiene a orillas del embalse de Santillana, justo entre los municipios de Manzanares El Real y Soto de Real. Un chalé de dos plantas con siete habitaciones que técnicamente se llama Centro de Reuniones Santillana, pero que en los mentideros del PP (no hay que olvidar que los populares llevan ininterrumpidamente gobernando casi 29 años la Comunidad de Madrid) se conoce como La Casita o la Casa de la Pradera.

A la Casita en cuestión se accede por la M-609, tiene una isleta ajardinada que limita con el embalse y está perfectamente acondicionada para residir en ella. Desde su especie de pequeña playa privada se puede ver la famosa torre de granito labrado del embalse. Los sucesivos Gobiernos regionales han utilizado este chalé periódicamente para citas privadas y encuentros de trabajo, por ejemplo, reuniones para preparar los presupuestos o reuniones especiales de los equipos de las distintas consejerías. La jornada de este lunes en concreto “responde a las convocatorias habituales que suele hacer Díaz Ayuso con sus consejeros, tanto al inicio de año como a la vuelta del verano, en el mes de septiembre”, rezaba el comunicado que lanzó ayer la Comunidad de Madrid.

Te puede interesar: Las imágenes nunca vistas del retiro secreto que ahora usa Ayuso: la ‘Casita’ de 1.217 m² que cuesta mantener 85.000 € al año

De hecho, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, grabó este lunes un mensaje desde los jardines de esta residencia para informar sobre la postura de la Comunidad de Madrid en la reunión que se había celebrado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para hablar de la epidemia de gripe y el uso de mascarillas. El chalé, construido en 1960, tiene siete habitaciones en la planta superior y una sala de reuniones, un despacho, un amplio salón y una cocina en la planta baja. Un matrimonio que reside en Soto del Real se encarga de su mantenimiento diario, como una especie de guardeses de la finca. “Se encargan de la limpieza de la casa, mantenimiento, un poco de jardinería”, explican fuentes del Canal. La seguridad corre a cargo de una empresa privada, las 24 horas del día los 365 días del año.

Una vivienda que también usó Cifuentes

Ayuso la ha usado la instalación en contadas excepciones para reuniones de trabajo con sus consejeros y en un par de ocasiones se ha aislado allí sola para preparar reuniones importantes, como un debate de presupuestos. “Pasando la noche totalmente sola”, explican las mismas fuentes. La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes también la usó en sus dos años y medio de mandato, antes de su dimisión, para mantener encuentros discretos y de trabajo con responsables políticos.

El chalé también fue usado hace muchos años por dirigentes del PP para mantener reuniones privadas y personales que nada tenían que ver con la actividad institucional del Canal y de la Comunidad de Madrid, según han explicado a Infobae España varias fuentes. Sobre todo, en la segunda legislatura de Alberto Ruiz-Gallardón y en las dos primeras legislaturas de Esperanza Aguirre, es decir, entre 1999 y 2011.

La verdad es que la discreción y el secretismo siempre han rodeado a este lugar privilegiado. Durante los últimos años ha sido muy difícil conocer, por ejemplo, las inversiones que se han realizado en esas instalaciones. La Cadena SER publicó que entre 2009 y 2018 el Canal de Isabel II se gastó 163.945 euros en obras y reformas en este chalé. El junio de 2020, el Canal adjudicó por 272.608,45 euros a la empresa Moncobra el “mantenimiento de diversas Instalaciones técnicas y elementos constructivos correspondientes al Centro de Reuniones Santillana”. Entre los trabajos se incluía la instalación de una puerta motorizada. El contrato era por dos años. En julio de 2022 se prorrogó el contrato por otros dos años por 170.700 euros. Ahora se han pedido fondos europeos para instalar placas solares y cargadores para vehículos eléctricos.