De Endesa a Repsol: las amenazas del Ibex energético de trasladar inversiones ante un impuesto permanente

Ha llegado para quedarse. El impuesto a las energéticas, que tanto revuelo ha suscitado desde su aprobación, fue diseñado para gravar los ingresos extraordinarios que estas compañías estaban obteniendo a raíz del encarecimiento desbocado de la luz. Dos años después de su aprobación, estos beneficios caídos del cielo han desaparecido, sin embargo, el Gobierno ha apostado por la permanencia de este gravamen más allá de 2023. Desde que comenzó a barajarse esta posibilidad, las grandes compañías energéticas han mostrado su desaprobación, amenazando con trasladar sus inversiones ante la falta de estabilidad fiscal en nuestro país.

En el último Consejo de Ministros, Pedro Sánchez soltaba la bomba. Durante este año se va a producir una remodelación de este impuesto de tal forma que las compañías energéticas puedan deducirse las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y también con la descarbonización del sistema productivo.

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Sin embargo, este cambio, que a priori, puede resultar ventajoso para el sector, traía consigo un término que no gusta tanto: permanente. Y es que, este impuesto fue diseñado con una pervivencia de dos años y vencería el 31 de diciembre. “Lo que hemos hecho es garantizar su pervivencia a partir del año 2024, una vez revisado en el sentido de las inversiones vinculadas a las inversiones verde” afirmaba Sánchez.

La permanencia de este impuesto comenzó a sonar tras el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar. Yolanda Díaz siempre ha defendido la tesis de quien más gana más paga, y a consecuencia de ello siempre ha abogado por perpetuar estos gravámenes a banca y energéticas, algo que los socialistas no tenían tan claro. Sin embargo, el pulso entre ambas formaciones se ha mantenido hasta bien estrada la mañana de este miércoles: con casi todos los flecos del paquete de medidas extraordinarias cerrado, el ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, y el de Trabajo, cartera de Yolanda Díaz, no conseguían acordar como modificar la fiscalidad ligada al sector energético.

Y, a la vista del resultado, Yolanda Díaz es la que se ha anotado el tanto, aunque no está del todo conforme con las modificaciones establecidas. “No compartimos una rebaja fiscal al impuesto de las grandes energéticas cuando estas empresas tienen beneficios mucho mayores en España que en el resto de Europa y la gente lo está pasando mal”, ha señalado Díaz en una serie de mensajes en la red social X, donde ha asegurado que estamos ante “regalos fiscales a las grandes compañías energéticas por cumplir los mínimos europeos en materia de inversión en un año en el que están teniendo beneficios récord”.

Amenazas de las empresas

Tras el acuerdo entre PSOE y Sumar, se produjo una convulsión dentro del Ibex energético. Quizá el más contundente, aunque no el único, fue Repsol. Coincidiendo con la presentación de sus resultados empresariales, el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, advertía de que “la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar sus futuros proyectos industriales en España”.

Unas amenazas que secundó el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha amenazado con trasladar inversiones de hasta 1.500 millones de euros a otros países si no existe “estabilidad jurídica y fiscal” en España. El empresario se refiere, concretamente, al capital que la energética prevé destinar para impulsar el hidrógeno renovable, que, en caso de no seguir el patrón acordado, acabará en “Portugal o Francia”.

Sobre este asunto, el presidente de Petronor -del grupo Repsol-, Emiliano López Atxurra, aseguraba que las inversiones “tienen que estar en ‘stand by’” si no hay un marco regulatorio “estable y previsible”. “Lo que no está consolidado es la inversión de los 100 MW que tiene que ver con la planta de hidrógeno asociada directamente a la actividad de la refinería de Petronor (prevista para 2026), así como la posible planta industrial de combustibles sintéticos para el final de la década, cuya decisión final se tomará en función del marco regulatorio y fiscal” sentenciaba.

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El consejero delegado de Endesa, José Bogas, advertía de que afectará a la capacidad de inversión de estas compañías en el desarrollo de renovables y redes en España. La energética ha recurrido el impuesto y según Bogas va a continuar esta batalla legal, ya que lo considera discriminatorio y sostiene que no es compatible con la normativa europea. A este respecto, el máximo ejecutivo de Endesa aseguró que la tasa reduce la capacidad de las eléctricas españolas para competir con las empresas de otros países europeos y no les permite centrar todos sus esfuerzos en la transición energética.

Por su parte, Iberdrola no ha condicionado directamente sus inversiones a la permanencia de este impuesto, aunque lleva desde mediados de año reclamando por un marco regulatorio estable. “Pagamos más impuestos que el beneficio que tenemos. Las energéticas no solo pagamos impuestos sociales, pagamos también muchísimos otros. Tenemos que tener cuidado con convertir la transacción energética en una caja recaudadora”, comentó Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola en España.

El Gobierno da marcha atrás

El Gobierno lleva varias semanas hablando de la reformulación de este gravamen. Primero fue Teresa Ribera en el marco de la COP28. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica reivindicaba la importancia de determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en ese impuesto. “Ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa”, sentenciaba.

Pocos días después el propio Pedro Sánchez, que afirmaba que el Gobierno ya se estaba planteando el “rediseño” del impuesto a las eléctricas. “¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Afortunadamente, gracias también a la política energética europea y en España de las energías renovables estamos viendo que la factura de la luz está reduciéndose, que el precio de la energía se está conteniendo, continúa alto pero se está reduciendo, y también estamos viendo que hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que, de alguna manera, estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable”, apuntaba en una entrevista.

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El propio ministerio de Hacienda aseguraba que la recaudación del Impuesto de Sociedades se ha reducido considerablemente por la caída en las ganancias del sector energético, constatando así los argumentos de estas compañías. El mes de octubre es el más importante del año para el Impuesto sobre Sociedades porque en él se ingresa el segundo pago fraccionado del año que liquida el semestre central del año. El crecimiento del segundo pago fue del 9%, muy por debajo del 24,5% del primero, tal y como recoge el último informe de recaudación de la Agencia Tributaria.

“Esto se debe a la moderación en el aumento de los beneficios -hasta marzo crecían al 20% y hasta septiembre esa tasa se ha reducido al 6,1%-. El descenso de los beneficios se concentra en las empresas energéticas, pero también hay otros sectores, de mucho peso en el impuesto, que declaran incrementos menores de los declarados hasta el primer trimestre” reza el análisis del ministerio de María Jesús Montero.