Sánchez secunda a Ribera y se abre a rediseñar el impuesto a las energéticas tras las amenazas de desinversión

El Gobierno ha recogido el guante de compañías como Repsol y ya habla abiertamente de una reformulación de este gravamen con el objetivo de incentivar la transición ecológica

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Teresa Ribera y Pedro Sánchez.
Teresa Ribera y Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez ha abierto la puerta a una revisión del impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas. El presidente del Gobierno alega que esta “reformulación” de lo que se conocen como los beneficios caídos del cielo es consecuencia de la normalización de los precios de la luz, que si bien es cierto que son más altos que hace dos años, se han reducido considerablemente. Con estas declaraciones, el líder socialista se suma a las afirmaciones de Teresa Ribera que hace unos días aseguraba que era “importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios”.

El impuesto a las energéticas -que se extiende también a la banca- ha sido un tema de gran polémica. Las declaraciones de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, sobre la posibilidad de hacer permanente este gravamen despertaron el recelo de empresas como Repsol, que pusieron en tela de juicio sus inversiones en nuestro país por la inestabilidad del marco fiscal y regulatorio. Ahora, el Gobierno ha recogido el guante de estas compañías y ya habla abiertamente de una reformulación de este impuesto con el objetivo de incentivar la transición ecológica.

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En una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, Sánchez ha asegurado que el Gobierno ya se está planteando el “rediseño” del impuesto a las eléctricas. “¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Afortunadamente, gracias también a la política energética europea y en España de las energías renovables estamos viendo que la factura de la luz está reduciéndose, que el precio de la energía se está conteniendo, continúa alto pero se está reduciendo, y también estamos viendo que hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que, de alguna manera, estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable”, ha apuntado.

Unas afirmaciones que se alinean con las realizadas por Teresa Ribera en el marco de la COP28. Durante su visita a Dubai, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica reivindicaba la importancia de determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en ese impuesto. “Ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa”, sentenciaba.

En el caso de las energéticas, el impuesto vigente se aplica durante 2023 y 2024, gravando el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares. Así, por compañías, Repsol ha desembolsado más de 450 millones solo en este ejercicio. Por detrás de ella, Cepsa, abona 323 millones de euros; Naturgy y Endesa, unos 300 millones de euros cada una; e Iberdrola, 200 millones de euros.

Repsol, la más tajante con el impuesto

En la presentación de sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses del año, Repsol advertía de que “la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar sus futuros proyectos industriales en España”. Una advertencia que ha reiterado hace menos de una semana, cuando su presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha amenazado con trasladar inversiones de hasta 1.500 millones de euros a otros países si no existe “estabilidad jurídica y fiscal” en España. El empresario se refiere, concretamente, al capital que la energética prevé destinar para impulsar el hidrógeno renovable, que, en caso de no seguir el patrón acordado, acabará en “Portugal o Francia”.

Por su parte, el presidente he negado que en España falte seguridad jurídica y ha apuntado que el 20% de todos los proyectos mundiales vinculados con el hidrógeno verde, “que es la energía del presente y del futuro, están localizados en España”. “Y eso tiene mucho que ver la seguridad jurídica, que no dio, por cierto, el Gobierno de Rajoy, que se planteó la eliminación de las primas a las renovables, con efectos retroactivos. Nos abrió muchos laudos a nivel internacional por eso que, afortunadamente, gracias a la capacidad negociadora de las vicepresidentas, pues hemos ido cerrando y acordando”, ha apuntado.