Vuelta del Estado a Telefónica: de los 600 millones de pesetas de su nacionalización a los 2.050 millones de euros que pagará la SEPI

Primo de Rivera, Felipe González, José María Aznar... Y ahora Pedro Sánchez. El Estado lleva casi un siglo a vueltas con Telefónica. La entrada de la saudí STC en el accionariado de la teleco presidida por José María Álvarez Pallete provocó un seísmo político, volviendo a situar en el foco del debate público sobre la necesidad de una participación estatal en empresas estratégicas. Pese a que los saudíes llevan casi tres meses sin hacer ningún movimiento sobre la oferta presentada a mediados de octubre, el Ejecutivo sí ha movido ficha: ha anunciado la compra -mediante la SEPI- del 10% de Telefónica.

Claramente, no es la primera vez que el Estado está presente en el accionariado de la compañía española. Desde la fundación de la compañía, allá por 1924 en plena dictadura de Miguel Primo de Rivera, el Estado ha ido variando el porcentaje en su accionariado, desde la nacionalización casi 20 años después de su nacimiento a la total privatización de la teleco española ejecutada por Aznar.

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En 1945 se produce la primera incursión en Telefónica. Por la nada desdeñable suma de 600 millones de pesetas -3,6 millones de euros actuales- el Estado nacionalizó la compañía, haciéndose con un 79,6% de las acciones de la teleco, que pasaron a titularidad pública, dejando el porcentaje restante en manos de un grupo de pequeños accionistas.

Tuvieron que pasar otros 20 años para ver el siguiente movimiento en la empresa española. Ya dentro del tardofranquismo, Telefónica comenzó a regresar a sus principios fundacionales, abriendo su accionariado a pequeños accionistas: al término de la dictadura franquista en 1978, la participación del Estado en la compañía descendía hasta el 35,3%, porcentaje que siguió reduciéndose en años posteriores.

Dos décadas después -concretamente en 1993-, con España ya dentro de la Unión Europea, Bruselas aprobaba la liberalización del sector de las telecomunicaciones en todos los Estados miembro, lo que incluía a España que hizo efectiva su adhesión en 1986. Sin embargo, tuvieron que pasar dos años más hasta que el Gobierno de Felipe González hiciese efectivos los cambios de la directiva europea: en 1995 el Estado quiso vender en Bolsa la mitad del 30% que aún se encontraba bajo titularidad pública. Algo que no se produjo ya que finalmente el porcentaje vendido se quedó en el 10,7%, quedando un 21,3% en manos del Estado.

Y llegó José María Aznar con las rebajas. En los ocho años que el líder de los populares se mantuvo en el Gobierno, se privatizaron grandes empresas como Endesa, Red Eléctrica, Repsol, Aceralia, Indra o Iberia. Y, por supuesto, Telefónica. En febrero de 1997, Aznar culminaba el proceso iniciado por Felipe González vendiendo el 21% de la compañía española, lo que supuso un ingreso de casi 4.000 millones para las arcas públicas y el fin de la presencia del Estado en el accionariado de Telefónica.

Retorno al accionariado 26 años después

El pasado 5 de septiembre, STC group daba la sorpresa. La compañía saudí anunció su entrada en el accionariado de Telefónica, una operación que pasó inadvertida en el mercado y con la que se hizo con el 9,9% de la compañía, pero que para completarse tiene que ser aprobada por el Gobierno, que aún no ha recibido una notificación oficial del grupo saudí sobre sus intenciones en la operadora.

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Esta operación suscitó diversas opiniones sobre la necesidad de que el Estado volviese a contar con una participación dentro de la teleco, dado que se trataba de una empresa estratégica. Una maniobra que finalmente se ha producido: El Consejo de Ministros ordenaba a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que llevase a cabo la adquisición de hasta un 10% del capital social de Telefónica.

“Telefónica es una compañía líder en el ámbito de las telecomunicaciones, tanto en España como en el plano internacional. Desarrolla un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos”, añade el texto remitido por el holding público a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).