Las claves del Pacto de Migración y Asilo de la UE que endurece el trato a las personas migrantes

Tras varios años de intensas negociaciones, este miércoles la Unión Europea ha logrado cerrar el Pacto de Migración y Asilo, que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores del bloque y ofrecerá a los gobiernos una ‘solidaridad a la carta’ que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado, entre otras medidas.

Las presidentas del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha coincidido en señalar el momento “histórico” que supone el acuerdo que pone fin a años de tensiones entre los propios países de la UE desde la llamada ‘crisis de refugiados’ de 2015, que puso de manifiesto las deficiencias existentes y la lejanía de un sistema europeo común de asilo garantista y eficaz. El objetivo de los negociadores era cerrar el pacto antes de las elecciones europeas de junio para evitar que su desarrollo se viera afectado por la campaña electoral y el avance de la extrema derecha.

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El recién logrado acuerdo no convence, sin embargo, a las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas migrantes y refugiados porque, aseguran, “no va a poner fin a las devoluciones en las fronteras ni a la detención de personas en condiciones similares a las de las prisiones”. Las ONG, que siguen reclamando vías legales y seguras para los migrantes, también consideran preocupante que el pacto externalice la gestión de fronteras “en países inseguros” debido a la “impunidad” que puede generar.

Qué propone el pacto

Las negociaciones del pacto se han extendido durante años y uno de los mayores obstáculos era consensuar un equilibrio entre la “solidaridad” con los países en primera línea, como España e Italia, y la “responsabilidad” que les reclaman a estos otros socios. Finalmente, se ha creado un mecanismo de “solidaridad flexible” que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, ya sea reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas o pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace.

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El objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.

El pacto también establece nuevos criterios según los cuales un Estado miembro es responsable de examinar las solicitudes de protección internacional (antiguas normas de Dublín)

Otro de los motivos que ha retrasado el pacto migratorio durante los últimos años ha sido las salvaguardas para los colectivos más vulnerables, incluidos menores no acompañados y familias, en los procedimientos acelerados en frontera, que incluirán deportaciones rápidas para quienes no reciban el estatus de asilado y procedan de países considerados seguros.

En cuanto a las personas que no cumplan las condiciones para entrar en la UE, serán sometidas a un procedimiento de control previo a la entrada, que incluirá la identificación, la recogida de datos biométricos y controles sanitarios y de seguridad, durante un máximo de siete días. Las autoridades, indica el texto, deberán tener en cuenta las necesidades específicas de los menores y cada país contará con un “mecanismo de supervisión independiente” para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales.

Se crea además un procedimiento armonizado para toda la UE para otorgar o retirar la protección internacional que sustituirá los marcos nacionales que fragmentan ahora la gestión en la UE y que, en el caso de una primera decisión, deberá resolverse en un máximo de seis meses. Se introducen plazos más cortos para los expedientes que sean manifiestamente inadmisibles.

Por último, la reforma del reglamento de Eurodac amplía las bases de datos, introduce imágenes faciales además del habitual registro de huellas dactilares y se aplicará incluso a los niños a partir de 6 años. Con esta modificación, los gobiernos podrán registrar si alguien presenta una amenaza para la seguridad, es considerada violenta o ha tenido acceso a armas ilegales.

Las ONG aseguran que el pacto dificulta que las personas soliciten asilo, pues supone la aceleración de la deportación y “permite la detención de familias”. El pacto también refuerza los acuerdos de cooperación con terceros países para gestionar la migración, lo que equivale a una externalización del control fronterizo, según denuncian las organizaciones de derechos humanos.