
Tenía 61 años, una mujer e hijos. Tenía contratado un seguro de salud privado con CASER, pero no obtuvo la ayuda que se requería. El 25 agosto de 2015, este hombre fallecía tras una negligencia médica de la aseguradora, que denegó su tratamiento hasta en tres ocasiones y luego, en un momento de gravedad, tardó seis días en dar luz verde a la operación para colocar un stent en el paciente, aparto que necesitaba para vivir y que nunca llegó a recibir.
Ocho años después, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga ha estimado el recurso de apelación civil y ha concedido una indemnización por daños y perjuicios por la muerte de este hombre, así que su esposa e hijos recibirán 264.582 euros. La gestión judicial la ha llevado el abogado Damián Vázquez, colaborador jurídico de la Asociación El Defensor del Paciente.
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Al comienzo del problema de salud, el hombre afectado, original de Málaga, había solicitado una intervención quirúrgica “que no se le realizó en el primer hospital privado de Málaga y le fue denegado hasta en 3 ocasiones”, dice la parte defensora del caso sobre las instalaciones de CASER, la aseguradora que ahora ha tenido que pagar a la familia.
Sin embargo, el paciente empeoró. El 25 de julio se constata la evolución desfavorable “con signos de aumento del hematoma inguinofemoral derecho y se realiza una nueva trombosis”. Al día siguiente, un informe apunta a que “se solicitará endoprótesis (stent) para los próximos días como posible solución”. Este aparato impide el estrechamiento de las arterias coronarias y son de vital necesidad si se requieren. Pese a solicitarse el día 26 con carácter urgente, la operación se llevó a cabo el 1 de agosto. “La aseguradora tardó seis días en conceder autorización para la colocación de la stent que necesitaba urgentemente el paciente”, asegura la organización de El Defensor del Paciente.
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No se realizaron “todas las actuaciones necesarias”
La Audiencia Provincial de Málaga considera responsable a la aseguradora médica, ya que se retrasa varios días la autorización del stent “con una demora inaceptable, que le ha llevado a su muerte”, sostiene la defensa del caso. “Era necesario y oportuno dicha colocación stents, además con carácter urgente, y no se puede implantar a tiempo por problemas administrativos y de falta de autorizaciones de la aseguradora médica”, zanja.
La sentencia reconoce que “durante la espera, la situación del pseudoaneurisma fue empeorando, aumentando de tamaño e infectándose y necrosándose la zona, sin que los tratamientos que se iban realizando para su control fueran efectivos. La situación en la que se encontraba el paciente hubiese requerido de una rápida respuesta que hubiese posibilitado la colocación del stent con anterioridad, por lo que existe responsabilidad de la entidad demandada que no realizó todas las actuaciones necesarias que pudiesen haber salvado la vida del paciente”.
Carmen Flores, presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, valora de forma triste esta historia: “Es extremadamente grave que un paciente tenga que fallecer por una demora administrativa de su aseguradora médica privada. Es triste que, por ahorro de medios, o fallos organizativos, se lleve a la muerte del paciente, que era perfectamente evitable si se hubiera colocado la endoprótesis que necesitaba a tiempo. Numerosos pacientes se ven afectados en toda España por la falta de autorizaciones o denegaciones de pruebas, intervenciones, o cualquier otra cuestión que se necesite en la sanidad privada, y ello puede ocasionar negligencias médicas como la de este desgraciado caso”.
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