
“Este centro permanecerá abierto de lunes a viernes de 9 a 16 horas”. El cartel todavía aparece pegado en la puerta de acceso del Centro de Salud los Castillos, en el municipio madrileño de Alcorcón. Escrito sobre un folio, le ha dado tanto tiempo el sol que ya aparece amarillento y desgastado. La información no es correcta. El centro no está abierto en ese horario. Ni en ese, ni en ninguno. Una verja oxidada y restos de suciedad en el acceso avalan que este ambulatorio ubicado en la calle Cabo San Vicente número 18 lleva mucho tiempo abandonado.
“Dejó de funcionar en 2020, durante lo más duro de la pandemia”, señala una vecina del inmueble, ya que el centro de salud es el único local que tiene esta comunidad de propietarios. “Por lo menos lleva abandonado tres años”, confirma otra residente. Lo más curioso es que aunque el centro ya no está en funcionamiento, la Consejería de Sanidad del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso lleva tres años pagando un alquiler por un local que no usa. “El contrato de arrendamiento sigue vigente”, contestó el Ejecutivo autonómico el pasado 26 de octubre al diputado socialista Daniel Rubio Caballero.
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El local en el que se instaló el antiguo Centro de Salud de los Castillos tiene su historia. El 1 de octubre de 1977, el Instituto Nacional de Provisión (organismo oficial encargado entonces de la Seguridad Social y de la asistencia sanitaria en España) firmó un contrato de alquiler (ver foto) con la dueña, Matilde Vidal Francés. En aquel año acordaron un pago anual de 2.036.130 pesetas, importe que tendría que ser revisado cada dos años. La Consejería de Sanidad no ha explicado cuando esta instalación, de 867 metros cuadrados, pasó a depender de ella. El grupo parlamentario socialista ha pedido la facturas de alquiler al menos desde el año 2007, pero la Administración regional no las conserva.
El documento más reciente es de noviembre de 2018. Entonces Sanidad contestó al PSOE que tenía 45 de sus centros de salud estaban ubicados en locales alquilados a terceros. Por el de los Castillos pagaba entonces un alquiler anual de 100.122 euros, es decir, 8.343 euros al mes. La Cadena Ser publicó en noviembre de 2019 cómo el centro se seguía utilizando, aunque solo hay dos consultas operativas. En una de ellas trabajaba una doctora y en la sala contigua una enfermera. “En ocasiones hay días en los que la doctora, si está de baja, ni siquiera se cubre su ausencia, en esos días, directamente, no hay consulta médica”, señalaba el reportaje.

El diputado socialista Daniel Rubio Caballero, miembro de la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, no sale de su asombro con este tema porque no entiende cómo se sigue pagando un alquiler de una instalación que lleva años cerrada. “El proceso para obtener respuestas ha sido complicado: iniciativas rechazadas por la Mesa de la Asamblea, reformulaciones, contestaciones extemporáneas… hasta que finalmente se ha obtenido la información de que sí se está pagando”, señala. La pregunta es por qué. Infobae España ha preguntado a la Consejería si pretende dar un uso futuro a este local y si no es así, por qué se sigue pagando un alquiler y si este sigue siendo de 100.000 euros anuales. No ha habido respuesta.
Otro vecino del inmueble da una pista. “Preguntaros quién es el dueño del local”. El administrador de la finca, Alfonso Yuste, no ha querido atender a este diario. Varias fuentes destacan que el hijo de la dueña del local es Carlos Torquemada Vidal. Según su biografía pública en la red Linkedin actualmente es profesor de derecho. Pero entre 1995 y 1999 fue alcalde de la localidad madrileña de Algete con el PP, luego concejal entre 1999 y 2001, y después pasó a ser Gerente de las Agencias de Desarrollo de la Comunidad de Madrid en el Gobierno del Alberto Ruiz-Gallardón. Infobae España ha intentado contactar con él. Su única respuesta es que “no está en posición de contribuir con información relevante”.
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