Rifles a 2.662 euros, gas lacrimógeno a 27,8 euros, pelotas de goma a 1,39 euros: el coste de disolver una protesta violenta

La Policía Nacional ha tenido que intervenir con cargas y material antidisturbios estos días en las concentraciones no autorizadas que se han desarrollado en la calle Ferraz y otras partes de Madrid para protestar por la ley de amnistía que negocian el PSOE y los independentistas. Protestas que han acabado con enfrentamientos violentos entre algunos grupos de manifestantes de ultraderecha y los efectivos policiales desplegados. Actuaciones que han provocado quejas porque se han usado pelotas de goma y, sobre todo, gases lacrimógenos.

Precisamente, el Servicio de Armamento y Equipamiento de la Dirección General de la Policía acaba de publicar este martes y este miércoles dos licitaciones para tramitar la adquisición de material antidisturbios por valor de 130.922 euros. El primero de estos contratos conlleva la adquisición de un mínimo de “22 lanzadores del calibre 40 mm” por un importe base de 58.564 euros. “El lanzador de 40 mm, junto al amplio catálogo de municiones compatibles, presenta una ventaja táctica tanto en actividades de orden público como en situaciones de alto riesgo, señala la memoria justificativa del contrato.

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La Policía Nacional calcula que cada rifle lanzador le costará una media de 2.662 euros (IVA incluido). Si las empresas que liciten bajan con su oferta el precio inicial, está previsto poder adquirir más rifles. “Los lanzadores de 40 mm son compatibles con cualquier tipo de munición de 40x46 mm: gases lacrimógenos, fumígenos, marcadoras, de impacto...”. Se trata de un arma individual, monotiro, que permite la recarga manual por la parte superior o por los laterales. “Será principalmente de color negro, y tendrá un arco suficientemente amplio para facilitar el uso con guantes. Contará con una culata abatible, extensible o ambas opciones, para apoyar el arma al hombro durante el disparo. El Servicio de Armamento quiere que el lanzador mida aproximadamente un metro y no pese más de 3,5 kilos.

El segundo contrato consiste en la “adquisición de material para la dotación colectiva de los policías integrantes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional”, efectivos que normalmente se destinan en protestas violentas. El Servicio de Armamento quiere adquirir un mínimo de 2.100 artificios fumígenos (ATF) y 500 artificios lacrimógenos (ATL) por un máximo de 72.358 euros, por lo que cada artificio sale a 27,8 euros (IVA incluido).

En este caso, la memoria del contrato justifica la compra de este material porque “hay que satisfacer las necesidades de material antidisturbios demandadas por los 52 grupos de UIP y 72 grupos de UPR de la Policía Nacional, desplegados por todo el territorio nacional, y entre cuyas misiones encomendadas destacan: la prevención, mantenimiento y restablecimiento en su caso de la seguridad ciudadana; la intervención en grandes concentraciones de masas, manifestaciones y espectáculos públicos; y en la intervención en motines y situaciones de análoga peligrosidad”.

Para la Policía, el uso de artificios fumígenos y lacrimógenos, en el caso de graves alteraciones contra el orden público, presenta importantes ventajas operativas. La primera, que son elementos que se inician y fragmentan en el aire, por lo que se disminuye el riesgo de lesiones por su impacto. La segunda, que no precisan de sustancia explosiva alguna para su iniciación, con ausencia total de llama, evitando quemaduras y posibles lesiones. Y tercero, que tienen un largo periodo de vida útil.

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En cuanto a las pelotas de goma, la última compra por parte de la Dirección General de la Policía se realizó en octubre de 2022, hace ahora un año. Entonces se adquirieron 50.800 pelotas de caucho de color negro por 70.688 euros, lo que supone una media de 1,39 euros por pelota. Cada una de ellas pesa 85 gramos y tiene un diámetro de 54 mm. Las pelotas de caucho forman parte del material que disparan las unidades de orden público de la Policia para fragmentar y disolver “masas violentas. Este tipo de intervenciones se producen con la finalidad de restablecer el orden público, cuando las advertencias verbales no son suficientes y se requiere del uso de medios disuasorios de forma progresiva ante la transgresión de las leyes y la comisión de delitos violentos”.

Precisamente en la anterior legislatura el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos no pudo modificar la llamada ‘ley mordaza’, (como se habían comprometido) porque la reforma de la ley de seguridad ciudadana no prohibía el uso de este material antidisturbios, como exigían varios grupos parlamentarios que apoyaban al Ejecutivo (ERC, Bildu y Junts). Los sindicatos policiales siempre han mostrado su rechazo a su retirada porque consideran que ello “supondría una pérdida operativa” para los agentes cuando deben hacer frente a altercados callejeros violentos.