La AIReF no ve margen fiscal para alargar las medidas contra la inflación en la alimentación en 2024

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que el déficit de las administraciones públicas se podrá situar en el 3% del PIB en 2024 y que el crecimiento del gasto público estará dentro de lo permitido por la disciplina fiscal que pide Bruselas (2,6%) si se cumplen dos condiciones. La primera, que las administraciones públicas contienen su gasto público y, la segunda, que el futuro Gobierno no prorroga las medidas contra la inflación que finalizan el 31 de diciembre de 2023. Se exceptúan las bonificaciones al transporte público, cuya cuantía ha sido incluida en el plan presupuestario de 2024.

En su informe sobre el plan publicado este jueves, la institución prevé un déficit del 4,1% para este año, dos décimas más de las que estima el Gobierno y, para 2024, la retirada de las medidas extraordinarias permitirá cumplir con el 3%, ya que tienen un impacto del entorno de un punto sobre el PIB. Esto dificultaría la aplicación de parte de las medidas pactadas por PSOE y Sumar esta semana de cara a reeditar un nuevo Gobierno de coalición, ya que se prometen “ayudas directas focalizadas” para las familias más vulnerables en los alimentos, aunque sin concretar cómo se articularán.

Con la información recogida en el plan presupuestario, que se ha elaborado teniendo en cuenta una política inercial por estar el Ejecutivo en funciones, los ingresos aumentarían hasta el 42,7% del PIB y los gastos se situarían en el 45,7%. Según ha señalado Esther Gordo, presidenta de la AIReF, retirar la reducción del IVA de la alimentación, la electricidad y el resto de las ayudas supone 5.700 millones de ingresos más para el Estado y 8.000 millones menos de gastos.

“Podría cumplirse el límite del 2,6%, pero ello supone que no hay margen para incrementos de gastos adicionales (...) la capacidad para gastar el próximo año se agotaría con las previsiones de gasto contempladas en el plan presupuestario”, ha señalado Herrero.

Pese a que en 2024 se alcanzaría el 3% del déficit con estas condiciones, la AIReF prevé que en el plazo medio (2025-2028) esta magnitud volvería a situarse por encima de la franja permitida por las reglas fiscales (en el 3,2%) e implicaría consecuentemente un estancamiento de la deuda por encima del 100% del PIB e incluso un aumento progresivo leve.

Según ha explicado Herrero, esto hace necesario un ajuste fiscal que asciende hasta 0,64 puntos porcentuales del PIB en el escenario más exigente, es decir, 9.500 millones al año, lo que supone dos décimas más que la cifra ya contemplada tras el Programa de Estabilidad de abril, del 0,46% del PIB. Este aumento se debe a un encarecimiento de los intereses de la deuda pública derivados de tipos de interés más altos durante más tiempo.

No obstante, Herrero ha señalado que si el Gobierno amplía más allá de 2024 y en los mismos términos los impuestos temporales a la banca y a las energéticas, como ya ha recogido en el pacto de Gobierno, el déficit se situaría en el 3% entre 2025 y 2028. Esto rebajaría el ajuste fiscal necesario, que se puede efectuar tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, aunque igualmente habría que realizarlo porque la deuda no se mantiene en una senda continuamente descendente en los próximos 15 años en todos los escenarios de estrés, como pedirán las nuevas reglas fiscales.

Rebaja el crecimiento del PIB para 2024

Por otra parte, la AIReF ha actualizado sus previsiones macroeconómicas para 2023 y 2024, de manera que mantiene el crecimiento del 2,3% para este año, pero rebaja tres décimas el avance del PIB previsto para el próximo año, hasta el 1,7%. Aunque esto difiere también en tres décimas en comparación con la estimación del Gobierno, está dentro del escenario posible que contempla la AIReF, si bien en el límite más optimista. La diferencia fundamental entre las previsiones de la institución y del Ejecutivo se basa en una contribución de la demanda nacional menor como consecuencia del aumento de los tipos de interés y de la incertidumbre sobre la confianza de los consumidores y de las empresas.

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