Desde este martes y hasta el jueves 19 unos 9.000 docentes de los colegios concertados del País Vasco están llamados a la huelga convocada por los sindicatos ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT, unas jornadas de paro que se suman a las que están previstas para la semana del 11 de diciembre. Además el 24 de octubre hay otra huelga convocada en los centros públicos educativos de la toda la región para pedir mejoras en el sector.
Los sindicatos aseguran que la huelga de este martes ha sido secundada por el 70% del personal, a pesar de que “el Departamento de trabajo ha impuesto unos servicios mínimos excesivos”, critican. El seguimiento ha sido superior al de la convocatoria del pasado 25 de abril, según indican los sindicatos en un comunicado. “Esto demuestra que la preocupación y los problemas de los y las trabajadores son reales”, señalan, al tiempo que recuerdan que hay nuevas jornadas de huelga convocadas entre el 11 y 15 de diciembre.
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El objetivo de los actuales paros es “renovar cuanto antes el convenio, cuya vigencia expiró en diciembre de 2021″, indican las organizaciones, que recuerdan que el anterior convenio estuvo 10 años sin renovarse, por lo que los trabajadores hicieron huelga durante 29 días para conseguir el nuevo. “En la jornada de hoy los sindicatos hemos querido trasladar a las patronales que en caso de que no haya propuestas que permitan la firma del nuevo convenio, no tendremos más remedio que continuar con estas huelgas y reforzar la dinámica de movilizaciones”, aseguran.
Con el inicio del curso escolar, los sindicatos convocantes han instado a las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA a iniciar una negociación real y han trasladado al Gobierno Vasco una petición de reunión para informar sobre la situación de bloqueo en la negociación, pero a día de hoy, aseguran, no han recibido respuesta.
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Aliviar cargas de trabajo
Entre las reivindicaciones de los sindicatos destacan las medidas para “aliviar las cargas de trabajo”, así como las mejoras para los sectores “más feminizados y precarizados”, subidas salariales ligadas a la evolución del IPC, medidas para mantener los puestos de trabajo y contenidos de Formación Profesional.
También reclaman los planes de euskera e igualdad y “los destinados a abordar la salud laboral y especialmente los riesgos psicosociales”.
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