El pasado viernes, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado anunció que llevará a los tribunales la convocatoria que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para cubrir 213 plazas para el cuerpo de inspectores de Hacienda porque considera que “vulnera principios constitucionales y es un intento más de colonización de la Administración”. Esto se debe que la reforma de las oposiciones permitirá por primera vez que los interinos puedan acceder a este cuerpo sin necesidad de aprobar los exámenes ni tan siquiera pasar por los cursos de formación.
De las 213 plazas que salieron este viernes a convocatoria pública, 144 son de acceso libre y otras 69 de promoción interna, que abren la puerta a que los funcionarios que no hayan superado la prueba para acceder al nivel A1 puedan ocupar ese puesto con una plaza interina. Además, la norma aclara que los aspirantes que ingresen por promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia para cubrir los puestos vacantes que se oferten.
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Los inspectores critican por estar “fuera de toda lógica” el hecho de que “una persona, sin haber superado el proceso selectivo, pueda desarrollar una función tan sensible” como la que ellos desempeñan, para lo que se requiere ser un “funcionario independiente y altamente preparado”.
La asociación asegura que la convocatoria “permite que se nombre personal funcionario interino a personas que no han aprobado la oposición ni desde luego han superado el curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales que deben realizar todos aquellos candidatos que han superado la fase de oposición”. Es por ello que interpondrán “de manera inmediata” un recurso contencioso-administrativo contra esta convocatoria por suponer una “quiebra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad sobre los que se asienta la Administración Pública”.
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Así, muestran su rechazo frontal a esta medida como forma de garantizar la independencia y profesionalidad de aquellos funcionarios que tienen como función la obtención de los recursos económicos de los contribuyentes para sostener los gastos públicos y el Estado de bienestar.
Toque desde Europa
Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya en marzo de 2020, denunció el abuso de la figura del interino por la Administración española; lo que hace más incomprensible que esta práctica no solo no se reduzca, sino que pretende extenderse a áreas de la función pública en las que jamás se había utilizado.
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