Los datos sobre la sequía muestran una dramática situación en España. El 14,6% del territorio está en emergencia por escasez de agua y el 27,4% en alerta debido a que la precipitación media global se sitúa un 17,1% por debajo del valor normal de los mismos meses del periodo de referencia comprendido entre 1991 y 2020, según el informe que este martes ha presentado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) al Consejo de Ministros.
Como consecuencia de la falta de lluvias, la reserva en los embalses ha disminuido “considerablemente en los últimos diez años” y en la actualidad se encuentra al 37% de su capacidad, con 20.734 hm3 acumulados, de forma que las cuencas del Guadalquivir (19,1%) y las internas de Cataluña (23,3%) son las más afectadas. Aunque la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que hace unos días dejó abundantes precipitaciones —además de provocar innumerables destrozos en varios puntos del país— ha servido para recuperar cierto volumen de almacenamiento, “no es suficiente para solucionar los problemas” que el país arrastra como consecuencia de una sequía prolongada, apuntan ambos ministerios en el informe.
Desde la asociación ecologista WWF indicaban hace unos días a este medio que el estrés hídrico, que ya afecta al 20% del territorio europeo, en España “es mucho más grave” debido a la explotación excesiva de los recursos hídricos, lo que también explica que las reservas de los embalses se sitúen por debajo de la media histórica.
Inversión pública
El hecho de que España esté en una situación de mayor vulnerabilidad en comparación con otros países de la Unión Europea, “requiere una respuesta eficaz por parte de las autoridades en la que la inversión pública es una pieza clave”, indica el informe, por lo que el Ejecutivo, añade, prevé “una inversión de 11.839 millones para impulsar la desalación y la reutilización de aguas”, en el marco de los Planes Hidrológicos 2022-2027.
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El objetivo de los Planes Hidrológicos y los Planes Especiales de Sequía (PES), indica el informe, es “minimizar los impactos ambientales, sociales y económicos de eventuales situaciones de sequía, optimizando la gestión de los recursos hídricos disponibles”. La sequía de este año se ha gestionado principalmente a través de los PES, además de que se han impulsado otras medidas urgentes y obras de emergencia.
Impacto en el sector agrícola
La sequía afecta especialmente a la agricultura, la ganadería, los cultivos extensivos y los pastos, de forma que se estima que la producción de cereales de este otoño-invierno se reduzca cerca de 40% con respecto a la campaña de 2022. El informe también indica que la producción de cebada se ha reducido en un 39% y la de trigo blando en un 36%, mientras que la superficie de maíz se ha reducido en un 20% debido a la menor disponibilidad de agua para el riego.
También se prevé un descenso del 30% en los rendimientos de oleaginosas como girasol y colza, al igual que se esperan producciones inferiores de leguminosas en grano, principalmente de lentejas.
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Así, el Gobierno estima que España deberá importar unos 20 millones de toneladas de cereales para satisfacer la demanda, tanto de consumo como de fabricación de piensos, “lo que obligará a un importante esfuerzo logístico”.
La sequía también ha afectado de manera directa a los árboles y producción de frutales, ya que se han recolectado productos de menor calibre, así como cultivos hortícolas, especialmente en Andalucía. En ese sentido, las medidas que contempla el Gobierno incluyen “ayudas directas por importe de 636,7 millones, de los que 355 millones van destinados a los sectores ganaderos cárnico y lechero, 276 millones para la agricultura y 5 para la apicultura.
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