El calendario y las negociaciones para formar gobierno provocarán, como mínimo, un retraso en la aprobación de las cuentas públicas del año 2024. Así lo ha reconocido este jueves la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que pese a los ajustados tiempos no da por perdidos unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año que viene porque, asegura, el Gobierno está “trabajando en el proyecto”.
Según ha explicado Montero en una entrevista en TVE, la voluntad del Ejecutivo es “poder aprobar los presupuestos en tiempo y forma para que entren en vigor el 31 de diciembre”, pero “es evidente que el calendario lo puede retrasar”. Según el artículo 134 de la Constitución, el proyecto de ley de PGE de cada año debe presentarse en el Congreso al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior, es decir, en septiembre.
Esta fecha será imposible en 2023, ya que los días 26 y 27 de ese mismo mes se celebrará la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que probablemente resultará fallida y devolvería el escenario a una nueva ronda de entrevistas con el Rey para proponer a otro candidato. Si no hay repetición electoral, el nuevo Gobierno podría quedar constituido a final de año.
La ministra ha expuesto que el Gobierno está haciendo los trabajos “previos” consistentes en “determinar el perímetro donde se tienen que desarrollar esas cuentas públicas, los trabajos con Bruselas y con el interior del propio Gobierno con las previsiones macroeconómicas”. Por tanto, la intención de Montero es que si vuelve a ser investido Pedro Sánchez “se pueda impulsar” el proyecto de PGE cuando antes y considera “prematuro” decir que el Ejecutivo “renuncia a los PGE”.
Lo cierto es que la fecha tope de presentación de las cuentas públicas se ha incumplido en reiteradas ocasiones, incluso en 2022, sin impedir la aprobación final de las mismas. No obstante, la fecha definitiva para evitar una prórroga de los PGE actuales es el primer día del año siguiente, es decir, el 1 de enero de 2024.
Vuelta a la disciplina fiscal
Contar con unas cuentas públicas actualizadas año a año siempre es importante, pero cobra especial relevancia en el contexto actual de vuelta de la disciplina fiscal a nivel de la UE a partir de 2024, que exigirá reducciones de deuda y de déficit progresivas y continuadas. Las nuevas reglas fiscales se encuentran todavía en negociación en el ECOFIN, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE y podrían cerrarse durante la presidencia española del Consejo, que abarca hasta diciembre.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) pidió en junio al Ministerio de Hacienda que, pese al calendario electoral y el retraso de los PGE, aprobara una tasa de referencia para el crecimiento del gasto primario neto de cara a la elaboración de los presupuestos de las autonomías y las entidades locales. De lo contrario, estas podrían incurrir en gastos demasiado elevados y no coherentes con el cumplimiento de la recomendación específica de país emitida por el Consejo de la UE, un crecimiento del 2,6% del gasto primario neto en 2024.
Hacienda respondió a la AIReF que al encontrarse todavía en discusión y negociación el nuevo marco comunitario “resulta imposible” incorporar dicha tasa de referencia en los nuevos PGE de 2024, aunque también está por ver que el panorama político nacional permita la aprobación de unas nuevas cuentas.
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