El Gobierno no compensa el coste de sus bajadas de impuestos con las subidas de cotizaciones y tasas extra a banca y energéticas

El debate público entorno a la bajada o no de impuestos se ha reavivado en la antesala de las elecciones generales del 23 de julio a tenor de las ventajas fiscales que promete el PP en su programa electoral y el trasfondo de cuadrar las cuentas públicas con el elevado déficit que aún registra España (-4,8% en 2022) y la vuelta de las reglas fiscales comunitarias en 2024.

Por el momento, el coste de las bajadas de impuestos estructurales que ya ha realizado el actual Gobierno y el de las medidas para paliar los efectos de la crisis energética, que implican más gastos y menos ingresos, no se compensan con las medidas estrella del Ejecutivo para recaudar más: la subida de cotizaciones sociales y los impuestos temporales a banca, energéticas y grandes fortunas.

Solo con las medidas desplegadas hasta el 30 de junio, el paquete anticrisis tendría un coste para el Estado de 13.473 millones de euros en 2023, 6.142 atribuibles a bajadas de impuestos y otros 7.331 a aumentos de gastos, según lo estimado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su análisis del Programa de Estabilidad del Gobierno. En el primer grupo se encuentran las bajadas del IVA de la electricidad, el gas, los alimentos y el impuesto especial de la electricidad, mientras que el segundo lo componen la bonificación al carburante y ayudas sectoriales, a particulares y a refugiados.

A esto se suma la bajada del IRPF a rentas bajas y medianas, la ampliación de la deducción por maternidad, la rebaja del tipo al 5% en los productos de higiene femenina y otras deducciones menores. De estas medidas, la que más impacto tiene es la rebaja del IRPF, que recortará la recaudación en 1.247 millones este año, según la Autoridad Fiscal.

Para compensar, el Ejecutivo ha desplegado nuevas medidas de ingresos, como los gravámenes temporales a la banca, las energéticas y las grandes fortunas y la limitación de compensación de pérdidas a grupos consolidados, medida que está mostrando más capacidad recaudatoria de la esperada según los últimos datos publicados. A esto se suman otras dos medidas principales que aumentan la recaudación del Estado desde la Seguridad Social: la entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y el aumento de las bases máximas de cotización.

Haciendo la cuenta del total de estos nuevos gastos e ingresos y pérdidas de recaudación por bajadas de impuestos, el resultado es que los 6.950 millones que se recaudan más (3.691 por las medidas en la Seguridad Social y 3.787 por los impuestos extraordinarios) no compensan los 13.473 millones de las medidas anticrisis. Todo ello sin contar con que el Gobierno ha aprobado un séptimo paquete no contemplado en estas cifras ni en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas.

Coste adicional de 3.800 millones

El real decreto publicado el pasado 29 de junio en el BOE prorroga algunas medidas que finalizaban en junio, como la rebaja del IVA de los alimentos y la bonificación del transporte público, y establecen otras nuevas, como la exención en el IRPF a quienes compren un vehículo eléctrico. Según detalló la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el paquete “movilizará 3.800 millones de euros adicionales” entre bajadas de impuestos, ayudas directas y bonificaciones por lo que “el monto global alcanza los 8.900 millones de euros en la segunda parte del año”.

A falta de que la AIReF analice este nuevo paquete, queda claro que se hace más difícil compensar su coste con los nuevos ingresos y esto también podría tener implicaciones en las previsiones de déficit público. La última de la Autoridad Fiscal, anterior al nuevo decreto anticrisis, estima que baje al 4,1% en 2023, frente al 3,9% que espera el Gobierno. En cualquier caso, el margen del próximo Ejecutivo que salga de las urnas el 23 de julio para realizar nuevas bajadas de impuestos se reduce a no ser que compense en la misma medida con una reducción de gastos.

El déficit se ha reducido en los últimos años en gran medida por la buena marcha de los ingresos públicos, que crecieron un 14,4% en 2022 impulsados tanto por el crecimiento económico y el empleo como por la inflación. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, de mayo, los ingresos del Estado han aumentado un 4,2% en lo que va de año respecto a 2022, pero tanto la AIReF como el Banco de España avisan que parte de esta recaudación récord de los tres últimos años no se mantendrá en el tiempo.

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