Una falta de cultura en torno a morir dignamente, la mínima implicación de muchas comunidades autónomas, el retraso en los trámites, los obstáculos en la sanidad privada y una mala aplicación de la objeción de conciencia de los sanitarios revelan que la eutanasia en España está atascada.
La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) cumple dos años desde su entrada en vigor y desde la Asociación para el Derecho a Morir Dignamente (DMD) han reportado que durante 2022 hubo un total de 295 personas en España que solicitaron morir por la aplicación de la eutanasia, apenas el 0,064% de los fallecimientos totales durante el año, una cifra muy inferior a países vecinos.
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Cataluña ha sido la comunidad autónoma en la que más personas fallecieron tras solicitar la aplicación de la LORE en 2022, con un total de 91 personas. La prestación de ayuda a morir es “lenta”, asegura la asociación, ya que solo se han realizado 370 eutanasias desde que la ley fue aprobada. Solo hay seis comunidades que han publicado sus informes anuales, pese a que todas están obligadas por ley.
Tras Cataluña, es la Comunidad de Madrid con 38 la segunda región de España con más fallecidos tras la aplicación de la ley. Pese a que el Ministerio de Sanidad ha reportado unas 800 solicitudes para morir dignamente, la DMD reconoce al menos 1.000.
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Andalucía con 29, Comunidad Valenciana con 26 y Euskadi con 24 son el resto de comunidades donde ha habido cierto impacto de aplicación de la ley, ya que hay regiones como Murcia (2) o Extremadura (3) donde apenas se han reportado casos. Sin embargo, al extraer el porcentaje de eutanasias por población, se comprueba que las comunidades donde mejor se aplica este derecho con Navarra (0,2%), Cataluña (0,12%) y La Rioja (0,11%).
Retrasos en las peticiones
“Este panorama deja claro que era necesario despenalizar la muerte digna y que su implantación va despacio respecto a otros países cercanos”, asegura Fernando Sanz, médico y activista de la organización que presentaba este jueves los datos de 2022. En otras naciones europeas, el dato de fallecidos tras la aplicación de la eutanasia ronda entre el 1% y el 4% de las defunciones totales, mientras que en España por ahora es del 0,064%.
“Las condiciones en las que se estaba implementando el derecho a morir son muy desiguales en las comunidades autónomas. Hay grandes diferencias. Es imprescindible descartar que no se deba a un problema de accesibilidad, porque es un derecho reconocido por la ley. La equidad en el acceso es importante para la salud democrática”, ha asegurado Sanz.
Los datos son muy dispares entre comunidades y están incompletos. Hay muchas personas que fallecen durante el procedimiento de solicitud de eutanasia. Según los datos recabados por DMD, el proceso se extiende “a menudo más allá de 50 días”, aunque debería durar entre 25 y 35 días.
“Uno de los problemas es la falta de compromiso de la sanidad privada. MUFACE, por ejemplo, tiene su propio sistema sanitario y cuando una persona de la sanidad privada ha querido solicitar la eutanasia ha sido que eso aquí no se hace”, ha declarado Fernando Marín, otro de los ponentes del informe. “Se les recomienda que se pasen al servicio público de salud, es algo impresentable”, aseveraba.
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