Los ocho sindicatos integrantes de la plataforma de trabajadores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) han anunciado este lunes a través de un comunicado que paralizan sus actuaciones en las campañas de inspección hasta que el Gobierno cumpla con el tercer eje del plan estratégico publicado en el BOE en 2021, consistente en reformar la estructura organizativa de la ITSS mediante una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
En concreto, las acciones que se ven afectadas son las programadas: control de los planes de igualdad; del tiempo de trabajo; del registro de jornada; de las condiciones salariales; de las exoneraciones de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) covid; de la economía irregular y el trabajo de extranjeros en la agricultura y de los riesgos asociados a la actividad agraria. La única actividad que por el momento no se vería afectada es la que no está planificada, como las denuncias y la investigación de los accidentes de trabajo.
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CCOO, CIG, CSIF, SITSS, Sislass, UGT, UPIT y Usess toman esta decisión de paralizar la actividad porque, además de no realizarse la nueva RPT, los trabajadores del organismo han visto incrementado su trabajo en los últimos años por las nuevas normativas, como la reforma laboral de 2021. Según denuncian, las funcionaros han llevado a cabo las nuevas medidas de control “por encima de sus capacidades”.
Conflicto político entre ministerios
Los sindicatos de la Inspección de Trabajo iniciaron paros parciales a principios de mayo, los cuales culminarán con la convocatoria de una huelga total indefinida a partir del próximo 26 de junio. En las últimas semanas han llegado a pedir la dimisión tanto de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al considerar que la marcha atrás en las negociaciones de la RPT se debe a motivos políticos de esta segunda cartera.
Función Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, se negó hace unas semanas a autorizar ahora una nueva estructura para la Inspección de Trabajo y alegó que la nueva Ley de Función Pública (que estaba tramitándose en el Congreso hasta la convocatoria de elecciones) ya establecería el “horizonte de desarrollo profesional que la Inspección de Trabajo había reclamado”. Desde el ministerio de Montero apelaron además al incremento de la plantilla a través de ofertas públicas de empleo ya en marcha y a un aumento retributivo, una aparte vinculado a la productividad, aprobado recientemente.
La convocatoria de elecciones complica aún más la resolución del conflicto, tanto entre el Gobierno y los trabajadores de la inspección como dentro del propio gobierno de coalición.
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