El impuesto al plástico supera el caos inicial: el Gobierno ya ha recaudado el 35% de lo previsto para este año

Pese a las dudas que se han cernido sobre el impuesto al plástico, que comenzó en enero de este año, el Gobierno mantiene su hoja de ruta: en el mes de abril, Hacienda ha recaudado el 35% de lo que tenía previsto para todo el año para este gravamen. Desde la administración aseguran que trabajan para solventar las principales dudas y problemáticas de pequeñas y medianas empresas con el fin de asegurar que las liquidaciones y declaraciones del impuesto se realizan correctamente.

Según el último informe de recaudación, el Gobierno ingresó 70 millones por el Impuesto sobre los Envases de Plástico No Reutilizables -que comenzó a tener impacto en las arcas públicas en febrero-. De este modo, la recaudación de Hacienda por este gravamen en el cuarto mes de año ha sido superior a los de meses anteriores -ingresó 54 millones en marzo y 41 en febrero- al incluirse también las declaraciones trimestrales.

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Este impuesto va destinado a tratar de recortar la llamada ‘vida útil’ de los plásticos que no se puedan usar en más de una ocasión. Las empresas que utilicen plástico no reutilizable estarán obligadas por ley a pagar una tasa extra de 0,45 euros por cada kilogramo de plástico. Durante todo 2023 se establece un periodo en el que los productores deben comunicar a la Administración la cantidad de plástico no reutilizable que han requerido para sus productos, de forma que el Gobierno pueda realizar un cálculo en vista a futuros ejercicios. Pero en Moncloa y en Hacienda ya tienen una estimación: 496 millones de euros más de ingresos para el Estado. De esta forma, en lo que va de año, el Ejecutivo ya ha recaudado 167 millones, ese 35% del total estimado.

El Gobierno también establece un nuevo listado de empresas que comercian con plástico, creando una «sección de envases» en el Registro de Productores de Producto, en el que «todos los productores deberán inscribirse y al que deberán remitir anualmente información sobre la puesta en el mercado de envases». Un control burocrático esencial para el cobro de este nuevo impuesto.

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El gran consumo es uno de los sectores que tiene que hacer frente a la aplicación del conocido impuesto al plástico que entró en vigor el 1 de enero pese a la petición unánime de aplazar la aplicación de este gravamen del que sigue habiendo “muchas dudas”. Una de las principales problemáticas es conocer si algunos materiales pueden ser considerados envases y, por tanto, hay que pagar por ellos. La norma prevé que tributen los envases, pero también “los objetos que pueden hacer de envases”, una definición “muy ambigua” que está generando dudas en la aplicación de las empresas fabricantes en ejemplos como las bolsas que se usan en algunos productos.

“Las bolsas de basura está claro que no entran porque así lo dice en el documento de la Agencia Tributaria, pero otros envases no quedan claro”, ha aseverado la gerente de sostenibilidad de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores Aecoc, Cinta Bosch. Otra de las líneas donde más dificultades se están encontrando es poder asegurar o garantizar la trazabilidad del plástico.

Si una empresa compra productos con envases en un tercer país, tiene que pagar por los plásticos no reutilizables o garantizar que son reciclados, para lo que necesitan un certificado de su proveedor. Garantizar esta trazabilidad está generando inconvenientes porque lo que se les pide a estas empresas es algo novedoso y “muy del ámbito español”, ha explicado Bosch. El origen de este impuesto está en Bruselas, donde se creó en 2020 una nueva categoría de recursos propios de la Unión basada en contribuciones nacionales calculadas en función de los envases de plástico que no se reciclen; así, cada país tiene que pagar 0,8 euros por kilo de residuo que no se recicle.

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