El juicio contra el juez y fiscal que investigaron el caso Cursach arrancará el lunes

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Palma, 2 jun. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) celebrará a partir del lunes el juicio contra el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro funcionarios de la Policía Nacional que investigaron el caso Cursach por la presunta trama corrupta en torno al empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, en el que se enfrentarán a penas que ascienen a 576 años de reclusión.

Penalva y Subirán, como principales responsables de la instrucción del caso Cursach, así como un inspector jefe de la Policía Nacional, dos subinspectores y un policía se sentarán desde el lunes en el banquillo de los acusados por presuntamente cometer los delitos de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia.

La vista oral por estos hechos arrancará el lunes en Palma con el planteamiento de las cuestiones previas los días 5 y 7 de junio. El tribunal retomará este juicio por corrupción judicial el 22 y 23 de junio con la declaración de los acusados y se prevé que el juicio concluya el próximo septiembre.

La Fiscalía Anticorrupción considera que Penalva y Subirán y los cuatro funcionarios de la Policía Nacional cometieron los delitos de los que se les acusa durante la investigación de las actividades del empresario Cursach, absuelto junto a otra quincena de acusados en un mediático juicio por corrupción celebrado el año pasado en la Audiencia de Palma.

El juez y el fiscal, en la actualidad jubilados tras ser apartados del caso Cursach por las denuncias de filtraciones y otras irregularidades, se enfrentan a peticiones de penas de prisión que suman casi 240 años. El total de solicitudes de condenas para ellos y los otros cuatro encausados asciende a 576 años de reclusión.

El juicio por estos hechos estará condicionado por la repercusión que tenga sobre las pruebas recabadas y la anulación de varias actuaciones con las que el magistrado que sucedió a Penalva en la instrucción, Miguel Florit, intentó constatar la filtraciones a medios de comunicación de datos recogidos en la causa cuando aún estaba declarada bajo secreto.

El TSJIB admitió los recursos interpuestos por Europa Press contra las órdenes de registro, requisa de teléfonos móviles y ordenadores y entrega de registros de llamadas ejecutadas por la Policía en las sedes en Palma de la agencia de noticias recurrente, del Diario de Mallorca y de la Agencia EFE, y contra los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre.

El alto tribunal regional aplica así la resolución del Tribunal Constitucional de marzo del año pasado que consideraba que se había vulnerado el derecho de los periodistas al impedirles impugnar las medidas que se aplicaron sobre ellos sin tener la condición de investigados.

En concreto, el efecto de este auto respecto a la posible nulidad de pruebas contra Penalva, Subirán y los policías se dilucidará en las cuestiones previas del juicio.

La Fiscalía también ve ilegales nueve detenciones de funcionarios del Ayuntamiento de Palma, altos cargos municipales y un empresario a quienes el juez instructor consideró responsables de un supuesta adjudicación irregular del servicio de control de la zona de aparcamiento regulado de la ciudad, una causa que acabó sobreseída. EFE

cri/mcm