Cerrar televisiones públicas o acabar con el catalán, el valenciano y el aragonés: las peticiones de Vox para negociar los gobiernos del PP

Las negociaciones entre el PP y Vox condicionarán las políticas en la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares y Murcia

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Foto de familia de los miembros del PP a su llegada a la Junta Directiva del PP
(Carlos Luján / Europa Press)
Foto de familia de los miembros del PP a su llegada a la Junta Directiva del PP (Carlos Luján / Europa Press)

De las siete comunidades donde el PP tiene posibilidades de gobernar tras los comicios del 28-M, en cinco necesita los apoyos de Vox. De momento, el partido de Alberto Núñez Feijóo está evitando el eco de las negociaciones con los de Santiago Abascal, que aunque les tiende la mano para llegar a un acuerdo con cierto sosiego, también les señala el reloj: “Estamos esperando a que nos llamen y nos hagan una propuesta”, afirman desde el partido.

El PP comenzó la semana pasando de puntillas por los pactos con Vox y delegando su política al respecto a un tema secundario y territorial, pero la política autonómica está muy activa y este jueves el líder del PP ya se ha visto con la soga al cuello y ha tenido que fijar posiciones al respecto: “Espero que no se interrumpa el cambio. Si ha ganado claramente el PP, que nadie interrumpa lo que ha salido de las urnas”, señaló en el programa de Ana Rosa, donde no mostró inconvenientes para hablar con Abascal, con quien mantiene una relación de “absoluta cordialidad” pero dejó claro que sus proyectos son “distintos”. Para Feijóo sería “el mundo al revés” si Vox le da los votos a la izquierda, unas afirmaciones con las que señala el camino que deben emprender sus barones: gobiernos en solitario.

“Ese es mi modelo”, ha fijado el dirigente popular, que para conseguirlo está dispuesto a perder el gobierno de Extremadura si el PSOE acepta su propuesta de que gobierne la lista más votada. “Perderíamos Extremadura, sí, pero ganaríamos en más provincias y municipios”, ha planteado.

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Vox, por su parte, sigue a la espera de una llamada del PP y anticipa que no habrá regalos. Y aunque de momento no establece líneas rojas, en cada una de las cinco autonomías su programa se diferencia del PP en aspectos clave, que podrían derivar en los puntos de un acuerdo de investidura o incluso formar parte de proyectos de gobierno si alcanzan una coalición.

El presidente del PPCV, Carlos Mazón y la candidata a la alcaldía de Valencia, Maria José Catalá, a su llegada a la sede del partido en Valencia.EFE/ Kai Forsterling
El presidente del PPCV, Carlos Mazón y la candidata a la alcaldía de Valencia, Maria José Catalá, a su llegada a la sede del partido en Valencia.EFE/ Kai Forsterling

—Comunidad Valenciana: Con una mayoría absoluta de 50 escaños, el candidato del PP, Carlos Mazón, necesita sumar 10 de los 13 diputados de Vox para salir investido presidente de la Generalitat. Para ello, tendrá que negociar con Carlos Flores algunas cuestiones, como el cierre de la televisión autonómica À punt, alargar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes o la eliminación del requisito lingüístico en el acceso a plazas de profesorado y de administración pública y el “desalojo” de los asesores lingüísticos de las aulas. Además, en el programa valenciano de Vox también entran las posiciones nacionales del partido respecto a las leyes LGTBI, que el partido quiere derogar a nivel autonómico y nacional, y a la política de migración, ya que Vox plantea eliminar las ayudas públicas que “generan efecto llamada”.

—Aragón: En esta autonomía, el PP de Jorge Azcón, con 28 escaños, necesita los diputados de Alejandro Nolasco para alcanzar los 34 que brindan la mayoría absoluta para salir victorioso en una investidura. Vox plantea la eliminación de la lengua aragonesa a través de la derogación de la ley de Lenguas y los institutos del catalán y del aragonés; también quiere acabar con la Ley autonómica de Memoria Democrática y potenciar la caza y la tauromaquia frente al “ecologismo radical”. En sintonía con el programa nacional de Vox, pretenden cerrar el Instituto Aragonés de la Mujer y el Observatorio autonómico de la Violencia sobre la Mujer, que se encarga de las ayudas económicas a víctimas de violencia machista.

—Extremadura: Aunque Feijóo estaría dispuesto a perder Extremadura si el PSOE acepta su propuesta de que gobierne la lista más votada, el acuerdo más probable sigue siendo el del PP y Vox. La candidata de los azules, María Guardiola, no llega con sus 28 escaños a los 33 que garantizan la mayoría absoluta, por lo que necesitará los 5 que coteja Ángel Pelayo-Gordillo para asegurar su investidura. Eso pasa por negociar la derogación de las leyes LGTBI, de “legislación verde” que “expulsa la industria” o por implantar una bonificación fiscal a la contratación indefinida de trabajadores españoles.

El PP necesita la abstención de Vox en Baleares y Murcia

—Baleares: El PP de Marga Prohens tendrá que negociar con Jorge Campos para lograr la abstención de los 8 diputados de Vox que le permitirán la llave del Govern. Eso pasa por establecer una colaboración entre la Administración y la Guardia Civil y la Policía para la “expulsión” de migrantes y la “persecución” de los que la ultraderecha llama “pisos patera”, en alusión a viviendas de menos de 15 metros cuadrados donde viven varios migrantes. Pero Campos también le exigirá al PP que elimine la Ley de Educación Balear y la Ley de Normalización Lingüística, además del requisito del catalán para el acceso a plazas de profesorado.

Marga Prohens, interviene durante el seguimiento de la jornada electoral en la sede del PP de Palma de Mallorca.
Tomàs Moyà / Europa Press
Marga Prohens, interviene durante el seguimiento de la jornada electoral en la sede del PP de Palma de Mallorca. Tomàs Moyà / Europa Press

—Murcia: Fernando López Miras necesita la abstención de los 9 diputados de Vox para alcanzar la mayoría en Murcia, que se sitúa en los 30 escaños. Este jueves el candidato de Vox José Ángel Antelo ha dado un paso más: quiere entrar en el gobierno murciano. Si el PP quiere evitarlo, su primera condición será la derogación de la Ley de Protección del Mar Menor, pero también tendrá que negociar la eliminación del canon a las Cofradías de Pescadores, entre otras cuestiones.

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