La enésima batalla entre Ayuso y Sánchez... esta vez por la estación de esquí de Navacerrada

La enésima batalla entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez se libra en la sierra madrileña. Este martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid visitó la localidad de Navacerrada y señaló que está estudiando “actuaciones” para evitar que la estación de esquí que hay en su puerto (con varias de sus pistas en terrenos segovianos) cierre definitivamente “por el sectarismo del Gobierno central”.

“Quiero hablar con los responsables del PP en Navacerrada y Cercedilla y ver qué propuestas hacemos para que la próxima temporada la estación de esquí no vuelva a tener los mismos problemas y no se acabe cerrando definitivamente, que es la intención que tiene el Gobierno, sobre todo, a través del Ministerio de Transición Ecológica”, aseguró Ayuso.

¿A qué problemas se refiere Ayuso? La estación tiene dos sectores, el segoviano y el madrileño. Y se ha gestionado durante los últimos 18 años por dos concesiones administrativas: una que otorga la Junta de Castilla y León y otra que conceden los ayuntamientos madrileños de Navacerrada y Cercedilla con la autorización de la Comunidad de Madrid. Las dos concesiones las ganó la misma empresa, Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí SA.

Pero las dos concesiones han vencido. La de Castilla y León en abril de 2021 y la de Madrid en febrero de 2019. A pesar de ello, la estación, con sus siete pistas y 15 kilómetros esquiables, ha seguido funcionando. El verdadero lío está en el sector segoviano, explica José Conesa, portavoz de la empresa que gestiona la estación.

Porque cuando caducó la concesión castellanoleonesa, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), dependiente del ministerio, comunicó que se podía renovar porque gran parte de las pistas ocupan los terrenos de los Montes de Valsaín, espacio con la máxima catalogación ambiental. Esta no renovación significaba la obligación de retirar todas las instalaciones de las pistas y dejar el terreno preparado para su regeneración.

Batalla judicial

Empezó entonces la batalla judicial. La empresa concesionaria interpuso alegaciones con el apoyo tácito de la Junta de Castilla y León (gobernada por el PP). El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León determinó que las pistas podían seguir funcionando hasta que se produjera la sentencia sobre cuál de las partes tiene razón. “La clave es dirimir en este litigio quién tiene competencias a la hora de generar un nuevo concurso y una nueva concesión, si la Junta o el ministerio”, señala Conesa.

En el caso del sector madrileño, con instalaciones y pistas menores, la concesión también está caducada a la espera de que los Ayuntamientos de Navacerrada (del PSOE) y Cercedilla (una coalición que lidera IU) tramiten unos nuevos pliegos. “Ya llevan tres años con ellos”, asegura Conesa. Infobae ha intentado, sin éxito, hablar con los alcaldes de ambos municipios. Todo será más fácil, creen en la Comunidad, si tras las elecciones del 28M el PP se hace con el poder en ambas localidades.

Como en la parte madrileña tampoco hay concesión, la Comunidad de Madrid ha jugado con dos barajas. Por un lado, quiere que siga abierta y estudió declararla Bien de Interés Cultural, pero por el otro tuvo que dictar una resolución en julio de 2022 obligando a la empresa a desmantelar algunas instalaciones y que la zona fuera “devuelta a su estado original”. Papel mojado.

“Somos la estación más barata de España. Cuando estamos operativos cada fin de semana suben entre 8.000 y 9.000 personas, pero solo de media unos 500 esquían. No podemos montar un supuesto problema medioambiental por solo 500 personas”, concluye Conesa. Lo cierto es que el cambio climático ha disminuido el potencial uso de la estación, ya que la temporada depende de la llegada de la nieve. Este invierno, por ejemplo, se ha usado nieve artificial.

Parques Nacionales ya ha empezado a limpiar algunos remontes (la maquinaria) que estaban en desuso en medio de los montes Pinar de Valsaín y Guarramillas. Estas infraestructuras llevaban “décadas” sin usarse y suponían un riesgo, según el Ministerio de Transición Ecológica. Ayuso cree el Gobierno de Sánchez “no es consciente de que, por ideologización, por sectarismo, lo que van a hacer es causar muchísimo daño a la cuna del esquí español, a los puestos de trabajo y a las aficiones libres de muchos ciudadanos que lo que quieren es disfrutar con las familias, con los niños, de una estación clave como esta”.