Un estudio de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM) plantea reforzar los puntos de apoyo para mujeres migrantes, retornadas y desplazadas en El Salvador, con programas de reintegración, atención en salud y coordinación entre instituciones públicas, comunidades y organizaciones sociales.
Así lo plantea en una investigación, titulada “Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad humana en El Salvador”.
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El documento analiza la situación de quienes migran, solicitan protección internacional, retornan al país o enfrentan desplazamiento forzado.
El informe fue elaborado por la RMMSyM, a partir de una revisión de normas, políticas públicas y testimonios de mujeres, organizaciones sociales y funcionarios. El trabajo de campo se realizó entre julio y octubre de 2025.
El Salvador recibió oficialmente a 15,003 personas retornadas durante 2024, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Las mujeres representaron el 29% de las 12,873 deportaciones registradas ese año, de acuerdo con la información difundida junto con la presentación del informe.
El retorno requiere apoyos para la autonomía económica y social
La RMMSyM advierte que el regreso al país puede abrir una etapa con necesidades específicas para las mujeres, en particular cuando deben reconstruir sus redes familiares, encontrar empleo y acceder a servicios públicos.
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El estudio señala que algunas enfrentan precariedad laboral y habitacional, estigmas asociados a la migración y dificultades para recibir atención psicosocial, sanitaria o jurídica.
Frente a ese escenario, el documento propone diseñar programas de reintegración con perspectiva de género. Estas iniciativas deberían facilitar el acceso a empleo digno, vivienda, educación y acompañamiento psicosocial para las mujeres retornadas y sus familias.
Entre los apoyos sugeridos figura también el reconocimiento de capacidades y experiencias laborales adquiridas fuera del país. El informe recomienda que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social facilite la reincorporación laboral de las personas retornadas y promueva la autonomía económica de las mujeres.
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El estudio resalta que el país cuenta con instrumentos legales que reconocen derechos de las mujeres en situación de movilidad. Entre ellos menciona la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley contra la Trata de Personas y la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia.
La atención integral incluye salud, información y rutas claras
La investigación propone fortalecer servicios confidenciales, accesibles y libres de discriminación para mujeres migrantes, retornadas y desplazadas.
El documento pone el foco en la atención de salud física, mental, sexual y reproductiva, así como en la existencia de protocolos para sobrevivientes de violencia sexual.
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La RMMSyM plantea que las rutas de atención y denuncia deben ser claras y conocidas por las usuarias. El estudio identifica que el desconocimiento de los servicios disponibles puede limitar el acceso de las mujeres a instituciones de salud, protección y justicia.
La recomendación incluye mejorar la divulgación de los servicios públicos desde los gobiernos locales y establecer mecanismos de referencia que permitan acompañar cada caso. El objetivo es que las mujeres encuentren orientación desde el primer contacto y cuenten con seguimiento durante los procesos de protección, salud, denuncia o reinserción.
El informe también propone sistemas de información con datos desagregados por variables como nacionalidad, condición migratoria, identidad de género y discapacidad.
Contar con registros homologados permitiría identificar necesidades y orientar los recursos hacia los territorios y grupos que requieren mayor atención, según el documento.
Las redes comunitarias pueden ampliar la respuesta territorial
La investigación reconoce el trabajo de organizaciones y redes comunitarias que ofrecen espacios de acogida, atención psicosocial, orientación legal y acompañamiento a mujeres en movilidad. Entre las experiencias mencionadas figuran la Mesa Técnica para las Migraciones en Chalatenango, la Red Regional de Protección y el Comité de Migrantes de Santa Marta.
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Estas estructuras locales pueden aportar cercanía territorial, conocimiento de las comunidades y capacidad para orientar a las mujeres hacia los servicios disponibles. Por esa razón, el estudio recomienda financiamiento sostenible, reconocimiento institucional y articulación con el sistema estatal de protección.
La propuesta contempla una coordinación entre instituciones, organizaciones sociales y comunidades, con un enfoque que tenga en cuenta las condiciones de mujeres jóvenes, rurales, en situación de pobreza, con discapacidad y de la población LGBTIQ+.
La RMMSyM resalta que el desafío consiste en consolidar una respuesta coordinada que acompañe a las mujeres en cada etapa de la movilidad humana y que garantice acceso efectivo a salud, justicia, protección social y oportunidades de reintegración.
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